La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes reclamó el martes al Gobierno de Puerto Rico que no entregue la información solicitada por las autoridades federales sobre cerca de seis mil inmigrantes que cuentan con licencias de conducir.
“El gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice y hacerse de la vista larga mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad, y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas”, expresó Adriana Gutiérrez Colón en declaraciones escritas.
Por su parte, Denis Márquez Lebrón recordó que el PIP presentó en febrero el proyecto 331 para proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes, a petición de la Unión Americana de Libertades Civiles. “La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña”, dijo Márquez Lebrón.
Nelie Lebrón Robles sostuvo que la colaboración con las agencias federales no debe implicar violaciones a los derechos constitucionales. “Las órdenes ejecutivas del presidente Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de inmigración, pero no las protecciones constitucionales como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo”, indicó Lebrón Robles.
La delegación emplazó a la gobernadora a dar instrucciones claras para que no se entregue la información sin orden judicial.
