El presidente del Senado de Puerto Rico, Hon. Thomas Rivera Schatz, reaccionó al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre la firma de una orden ejecutiva que establece una Comisión de Libertad Religiosa, como parte de los eventos del Día Nacional de Oración en la Casa Blanca.
“El anuncio del presidente Trump representa un paso afirmativo en defensa de un derecho fundamental: la libertad religiosa. Desde el Senado de Puerto Rico, con el apoyo claro y decidido de nuestra Gobernadora Jennifer González Colón y la Cámara de Representantes ya tomamos acción en esa dirección. Me honra haber sido el autor de la medida que fue convertida en la Ley 14 de 2025, la cual garantiza el derecho de cada ciudadano a practicar su fe sin temor a represalias o discriminación”, expresó Rivera Schatz.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump crea una comisión nacional compuesta por líderes religiosos, juristas y expertos en política pública, que asesorará a la Oficina de Fe de la Casa Blanca y al Consejo de Política Doméstica sobre temas como el derecho de los padres en la educación, la libertad de expresión, la protección de lugares de culto y la autonomía institucional.
“La libertad religiosa no es una concesión del Estado, es un derecho inherente. Puerto Rico ya ha legislado en esa dirección, y celebramos que ahora se impulse este tema también a nivel federal”, aseveró el Presidente del Senado.
La Ley 14 de 2025 incluye disposiciones claras para asegurar un equilibrio entre la libertad de religión y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Entre sus salvaguardas, la ley dispone que:
El ejercicio de la libertad religiosa no podrá utilizarse como justificación para actos de discrimen en contextos laborales, educativos ni de servicios públicos.
Se establece que las creencias religiosas no pueden amparar violaciones a derechos civiles ni contravenir disposiciones de orden público.
Se protege el derecho individual a actuar conforme a la conciencia personal, sin que ello afecte la dignidad, seguridad o acceso equitativo de otras personas a servicios y oportunidades.
Con estas garantías, Puerto Rico reafirma su compromiso con la libertad religiosa y con un marco jurídico que protege los derechos de todos por igual.
