PRFAA detalla impacto para Puerto Rico en la Ley de Autorización de Defensa Nacional
La medida incluye disposiciones lideradas por la gobernadora Jenniffer González Colón
Directora de PRFAA, Gabriella Boffelli. Foto de archivo
El liderato del Congreso de los Estados Unidos publicó el texto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2026, el cual refleja un acuerdo bicameral entre las versiones de la Cámara de Representantes y el Senado, informó la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA por sus siglas en inglés). Se espera que la medida sea llevada a votación en la Cámara esta semana.
El proyecto de ley autoriza $901,000 millones de dólares para la defensa nacional, un aumento de $8,000 millones de dólares por encima de los niveles del año anterior, garantizando que las fuerzas armadas de los Estados Unidos sigan siendo las más fuertes del mundo. El NDAA codifica 15 órdenes ejecutivas del presidente Donald J. Trump, asegura las fronteras de los Estados Unidos incluyendo la autorización de $1,000 millones para combatir el tráfico de drogas, e incluye disposiciones para contrarrestar la influencia de adversarios como China Comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte. Además, la medida reforma las adquisiciones de defensa, agilizando el proceso, reduciendo la burocracia y reorientando su enfoque hacia su misión principal: proporcionar a los combatientes los recursos que necesitan, cuando los necesitan. Asimismo, apoya la solicitud presupuestaria de la Administración Trump de un aumento salarial del 3.8 % para todos los militares y mejora la vivienda, la educación y el acceso a cuidos para las familias de nuestros militares.
Entre los proyectos de construcción militar en Puerto Rico se destacan la autorización de $66.5 millones para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, Aguadilla.
“Según habíamos adelantado, el Congreso ya había asignado los fondos para este proyecto a través de las medidas de asignaciones de construcción militar y fue firmado por el presidente Trump como parte de la Ley que reabrió el gobierno federal. Seguimos impulsando y dando continuidad a las gestiones de la gobernadora González Colón, quien apoyó este proyecto de construcción militar durante su trayectoria en el Congreso, logrando su autorización original en la NDAA del año fiscal 2018 y una extensión en la NDAA del año fiscal 2024,” expresó Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA.
La medida también extiende la autorización para la construcción de los Talleres de Ingeniería y Mantenimiento de en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas Camp Santiago hasta el 1 de octubre de 2026 o la promulgación de la NDAA del año fiscal 2027, lo que ocurra más tarde. Este proyecto de construcción militar se autorizó por $14.5 millones en la NDAA del año fiscal 2023 y se financió mediante la Ley Consolidada de Asignaciones de 2023, ambos con el apoyo de la gobernadora González Colón.
El NDAA del año fiscal 2026 incluye la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que reautoriza la financiación y los programas de la Guardia Costera de los Estados Unidos y sus operaciones para los años fiscales 2026 y 2027. La legislación incluye texto redactado por la gobernadora González Colón durante su incumbencia en el Congreso, así como disposiciones que impactarán directamente y mejorarán la seguridad fronteriza marítima en Puerto Rico.
Entre ellos se destaca la Sección 7119 que exige que el comandante de la Guardia Costera desarrolle, en colaboración con el Secretario de Estado y el Secretario de Guerra, un plan anual para apoyar las operaciones de la Guardia Costera en la región del Caribe, incluyendo una evaluación de las necesidades de personal, infraestructura, administración, logística y tecnología. Esta disposición busca garantizar que la Guardia Costera cuente con las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional y seguridad fronteriza marítima en el Caribe.
“La Gobernadora González Colón ha priorizado desde hace tiempo los esfuerzos para garantizar que la Guardia Costera y el Sector San Juan tengan acceso a los recursos adecuados para combatir eficazmente la actividad marítima ilícita y las organizaciones criminales transnacionales que operan alrededor de Puerto Rico y el Caribe. El requisito de elaborar un plan anual sobre las operaciones de la Guardia Costera en la región debería contribuir a este objetivo y destacar aún más la creciente importancia de Puerto Rico para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos,” dijo Boffelli.
La Sección 7202 mejoraría la transparencia al exigir a la Guardia Costera publicar el número de interdicciones de drogas y migrantes que realiza mensualmente. En la Ley de Autorización de la Guardia Costera Don Young de 2022, el Congreso incluyó una disposición que exige la publicación de estadísticas mensuales de interdicción de migrantes. La Sección 7202 se basaría en esta disposición y ampliaría el requisito para incluir también datos sobre incautaciones de drogas. También exigiría información adicional, como el número de migrantes interceptados, la cantidad y el tipo de drogas incautadas, y la ubicación geográfica de dichas interdicciones. La misma se basa en una enmienda redactada y propuesta originalmente por la gobernadora González Colón mientras era congresista en el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, que se incorporó a la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2024.
La Sección 7218 autoriza al secretario de Seguridad Nacional a adquirir tecnología de vanguardia, como sistemas tácticos de vigilancia marítima, para su uso por parte de la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en las áreas de operación del Sector San Diego en California, el Sector Cayo Hueso en Florida y el Sector San Juan en Puerto Rico.
Esta disposición se incluyó originalmente en la versión del Senado de la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, aprobada en marzo de 2025. En un comunicado luego a la aprobación del proyecto de ley, la gobernadora González Colón celebró la inclusión de esta disposición, argumentando que “garantizaría que nuestros hombres y mujeres en la Guardia Costera y CBP tengan acceso a herramientas vitales para detectar e interceptar a narcotraficantes y contrabandistas de personas antes de que lleguen a nuestras costas”.
