Reducción de mayoría de edad levanta advertencias sobre servicios y pensiones
No obstante, el Departamento de Justicia indicó que no identificó impedimento legal para aprobar la medida
Foto: Suministrada
Agencias del gobierno advirtieron posibles efectos sobre servicios de salud mental, programas de apoyo social y pensiones alimentarias durante la evaluación legislativa de una medida que reduciría la mayoría de edad en Puerto Rico de 21 a 18 años.
“ASSMCA reconoce el propósito legítimo del Proyecto del Senado 1245 de modernizar el ordenamiento jurídico de Puerto Rico y armonizar la mayoría de edad con la tendencia predominante en Estados Unidos. Sin embargo, desde la perspectiva de salud mental, tratamiento conductual y protección de poblaciones vulnerables, es imperativo reconocer que la mayoría de edad cronológica no equivale necesariamente a capacidad funcional plena en todos los escenarios clínicos”, sostuvo Raúl Rodríguez Marcial, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, Rodríguez Marcial recomendó incluir lenguaje para proteger la continuidad clínica de jóvenes entre 18 y 21 años que reciben servicios de salud mental o tratamiento por uso de sustancias.
Desde la Administración de Sustento de Menores, Stephanie Sánchez Pagán planteó que la reforma tendría impacto en las labores de la Administración de Familias y Niños y de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia.
“Haría virtualmente extinta la figura jurídica de la emancipación por concesión de los padres y por concesión judicial; afectaría el surgimiento de acciones instadas en los tribunales de Puerto Rico para solicitar la terminación de la obligación de alimentar, así como las labores de ASUME con relación a estos”, indicó Sánchez Pagán.
Para efectos de pensiones alimentarias, la funcionaria recomendó mantener hasta los 21 años la edad mínima, con el fin de fomentar la formación académica y la productividad futura de los jóvenes.
El Proyecto del Senado 1245, de la autoría del senador Ángel Toledo López, propone reconocer plena capacidad civil a toda persona que haya cumplido 18 años mediante enmiendas al Código Civil y a leyes relacionadas con capacidad jurídica, tutela, alimentos, comercio y relaciones familiares.
“Que nadie piense que estamos eliminando funciones o que queremos eliminar agencias ni oficinas, ASUME sirve para un propósito… el mundo se ha movido en otra dirección y el joven está buscando más oportunidades y está buscando independizarse, tenemos jóvenes que están pidiendo insertarse”, sentenció Toledo López.
La medida parte de la premisa de que existe una incoherencia jurídica porque una persona de 18 años puede votar, responder penalmente como adulto, trabajar y servir en las Fuerzas Armadas, pero sigue limitada para actos civiles y contractuales.
Entre los cambios propuestos figuran eliminar el consentimiento parental para que personas entre 18 y 20 años puedan contraer matrimonio, reconocer plena capacidad civil desde los 18 años y modificar disposiciones sobre comercio, testamentos ológrafos, administración de bienes, tutela, alimentos y sucesiones.
Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, favoreció la medida, aunque recomendó ajustes en áreas de obligación alimentaria, gastos de estudios y acceso a productos de tabaco o similares.
“La medida se sustenta con fundamentos ampliamente discutidos en la esfera jurídica y aporta a una mayor coherencia en nuestro ordenamiento legal”, describió Godineaux Villaronga.
También recomendó incluir lenguaje para mantener en 21 años la edad mínima para adquirir bebidas alcohólicas, al advertir que la ley federal National Minimum Drinking Age de 1984 sanciona a los estados con reducción de fondos federales para mejoras de vías públicas.
Desde el Departamento de Justicia, Tanmarie Santos Lamboy indicó que no identificó impedimento legal para aprobar la medida, pero recomendó revisar leyes especiales adicionales que podrían prevalecer bajo el principio de especialidad.
“Ciertamente esta medida ha provocado muchas reacciones, sobre todo entre los jóvenes que lo ven con buenos ojos. Pero, tenemos la responsabilidad de analizarla profundamente con las diferentes entidades y agencias para tomar las mejores decisiones”, expresó Toledo López.
