Secretaria de Vivienda rechaza imputaciones sobre centro de inspección en Yabucoa

La secretaria del Departamento de la Vivienda (DV), Ciary Pérez Peña, rechazó el jueves las imputaciones relacionadas con un centro de inspección vehicular en Yabucoa registrado a su nombre y aseguró que no participa de su operación desde febrero de 2017.

“En el día hoy considero necesario reiterar, de manera definitiva las imputaciones surgidas como consecuencia de una declaración jurada atribuida a un empleado del DTOP que se mantiene desde la oscuridad del anonimato”, expresó Pérez Peña en declaraciones escritas.

La funcionaria sostuvo que el centro de inspección es un negocio familiar y que no interviene en su administración ni en la toma de decisiones desde hace nueve años.

“Primero, el centro de inspección que se menciona es un negocio familiar donde esta servidora no participa de su operación, administración, ni toma de decisiones desde febrero de 2017. Esto es tan claro, que de las propias comunicaciones oficiales del DTOP al centro, fueron dirigidas a las personas que manejan la operación. No he intervenido en estos procesos”, afirmó.

Añadió que los señalamientos contenidos en auditorías o comunicaciones oficiales no constituyen imputaciones criminales en su contra.

“En segundo lugar, los hallazgos o las deficiencias señaladas a dicho centro no son a esta servidora, no son criminales y se trata de fallas técnicas. Cabe señalar que lamentablemente muchos centros de inspección sufrieron los mismos problemas. Por lo cual, las alegaciones o insinuaciones que están expresando son incorrectas y selectivas”, indicó.

La secretaria rechazó que haya existido influencia indebida o gestión impropia a favor del negocio familiar.

“Rechazo categóricamente cualquier insinuación de influencia indebida o gestión impropia a favor del negocio familiar o para afectar funcionario alguno. Cualquier expresión contraria a lo antes expresado son falsas y difamatorias. En cuanto a ese aspecto, si alguna persona entiende que tiene evidencia de conducta ilegal o anti-ética le corresponde presentarla ante las autoridades pertinentes”, sostuvo.

“Conozco que el escrutinio público es parte del servicio gubernamental y no tengo problema con ello. Pero el aceptar la difamación no lo es y menos cuando se hace desde el anonimato. Ni mi familia, ni yo hemos solicitado, ni recibido trato preferencial. Quien exprese lo contrario miente y tiene la obligación de probarlo en los foros correspondientes”, concluyó.