Senado aprueba medida para limitar las escoltas

En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó ayer por unanimidad el Proyecto del Senado 752, del portavoz alterno, Juan Oscar Morales Rodríguez, que busca enmendar la Ley de la Policía de Puerto Rico para establecer límites estrictos en la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios públicos. La medida garantiza un uso responsable de los recursos públicos y atender un reclamo ciudadano de mayor equidad y transparencia en el servicio gubernamental.

En un turno, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, habló a favor del proyecto. “Aquí no tenemos una agenda en particular o personal contra nadie. Sencillamente, estamos reaccionando a lo que es nuestro deber, en representación de nuestros constituyentes. Porque el beneficio que pueda tener un exgobernador o un exfuncionario de escolta abona a la pensión que tiene como exfuncionario o como exgobernante, cosa que no tiene hoy ningún trabajador y ninguna trabajadora puertorriqueña. No sé qué trato le darán a este proyecto en la Cámara y no sé si la Gobernadora de Puerto Rico quiera firmarlo. Pero cuando llegue el momento de una confrontación donde un trabajador nos reclame, nosotros tendríamos la autoridad moral de decirle, actuamos. Para crear balance, para crear justicia, para que ninguno tenga más que el otro. Para que no haya privilegios o no haya circunstancias que pudieran parecer de privilegio”.

Entre las enmiendas incluidas por el líder senatorial indica que “todo ex-gobernador o ex-funcionario que haya sido convicto por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal, no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. Además, que ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de comisionado residente, podrá solicitar servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.  

La pieza legislativa propone prohibir la asignación de escoltas a exfuncionarios públicos, salvo en casos de amenaza específica y actual contra su integridad física; establecer límites estrictos al uso de escoltas por exgobernadores, eliminándolo automáticamente en caso de convicción por delito grave o menos grave; y garantizar que el privilegio de contar con escoltas esté sujeto a los más altos estándares de integridad y responsabilidad.

Morales Rodríguez sostuvo que “nosotros estamos actuando y siéntase en la mayor tranquilidad como lo espera el pueblo de Puerto Rico. Siéntase con la conciencia más que tranquila de que la gente estaba esperando acción de parte de este Senado. Y hoy vamos hacia la ruta correcta.

De igual manera, se expresó a favor el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández Ortiz. “Voy a votar a favor de este proyecto. Yo, escuchando a nuestro presidente con las enmiendas que va a incluir para procurar que el proyecto no sea impugnado o sea impugnable en los tribunales por aquellas personas que puedan con perfecto derecho impugnarlo, pues pueda tener algunas protecciones… Pero yo invito a los compañeros que de cara al futuro también revisitemos otros asuntos con relación a aquellos usos innecesarios de la Policía en aquellos funcionarios que simple y sencillamente no lo necesitan”.

También, se expresó a favor el senador independiente Eliezer Molina Pérez. “Voy a votarle a favor del proyecto porque tanto como la mayoría, como la minoría, por fin están de acuerdo y me parece que esto es un momento de esos pocos que se dan. De esos que me dan alegría porque eso es lo que quería el pueblo. Aquí había que accionar. Pues se accionó. Si el Superintendente de la Policía decía que necesitaba legislación, el Senado de Puerto Rico se lo acaba de dar. Pues ya no tiene excusa”. 

Igualmente, se expresó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. “Independientemente de cuánto nos ahorremos o nos dejemos de ahorrar, creo que es importante este gesto del Senado de Puerto Rico como respuesta a la indignación que siente el país”. 

La exposición de motivos sostiene que “la eliminación de este privilegio contribuirá a restablecer la confianza pública en la equidad del sistema y permitirá reorientar recursos hacia las verdaderas prioridades del país. La Asamblea Legislativa tiene así la oportunidad de dar un paso firme hacia la erradicación de prácticas que, aunque normalizadas, resultan contrarias al interés colectivo y al buen gobierno”.