Senado aprueba medidas para uniformar leyes y fortalecer certeza jurídica en Puerto Rico
Las medidas buscan armonizar leyes con el Código Penal de 2012 y redefinir la responsabilidad de hospitales en casos de impericia médica
Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Foto: Suministrada
El Senado de Puerto Rico aprobó tres proyectos impulsados por el presidente legislativo Thomas Rivera Schatz. Las medidas buscan uniformar la “Ley de Explosivos de Puerto Rico” y la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular” con el Código Penal de 2012, además de clarificar la responsabilidad de las instituciones de salud en casos de impericia médica.
El Proyecto del Senado 40 enmienda la “Ley de Explosivos” para armonizar su lenguaje con las disposiciones penales vigentes. Entre los cambios destacan penas fijas de 15 años por uso ilegal de explosivos, ocho años por posesión con fines ilícitos y seis meses de cárcel, más multas, para la posesión sin intención de causar daño. Según el senador Ángel Toledo López, la medida “no añade nuevas conductas delictivas, sino que ajusta la terminología al Código Penal”.
Asimismo, el Senado aprobó el Proyecto 41, que actualiza la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular” para alinearla con el sistema de penas fijas del Código Penal de 2012. El informe de la Comisión de lo Jurídico resaltó que esta uniformidad es necesaria para evitar vacíos legales y garantizar mayor certeza jurídica tanto para los acusados como para el sistema judicial.
Otra medida avalada fue el Proyecto del Senado 43, que enmienda el Código Civil para establecer que las instituciones de salud responderán vicariamente y no de manera objetiva por los daños causados por médicos u otros empleados en el ejercicio de sus funciones. El cambio busca ajustarse a lo que ha reiterado el Tribunal Supremo: los hospitales tienen deber de cuidado, pero no deben ser responsables absolutos de actos en los que no exista negligencia directa.
Además, se aprobaron varias resoluciones y proyectos de la Cámara. Entre ellas, la Resolución Conjunta 17 para transferir al municipio de San Juan la antigua Escuela Manuel Cuevas Bacener; la Resolución 87 para investigar la falta de alumbrado público y evaluar luminarias solares; y proyectos de la Cámara para crear un inventario de villas pesqueras, así como designaciones honoríficas de carreteras y edificios públicos.
