Senado aprueba proyectos sobre enmiendas al Código Penal, exención del IVU a dispositivos de movilidad y protección de vivienda cooperativa

El Senado de Puerto Rico aprobó en sesión ordinaria varias medidas legislativas, que entre otras, van dirigidas a fortalecer la seguridad pública ante el uso indebido de contenido digital, reducir el costo de dispositivos de movilidad mediante la exención del Impuesto Sobre Venta y Uso (IVU);  proteger la autonomía de las cooperativas; y la incorporación de cuentas de ahorros para menores conocidas como “Trump Accounts”.

El Proyecto del Senado 1194, del portavoz de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, enmienda el Artículo 268 del Código Penal. La medida está dirigida a considerar como agravante la utilización de medios digitales para simular, fabricar o alterar contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza como parte de una alegación falsa que provoque una investigación criminal. La disposición fortalece la respuesta penal ante formas tecnológicamente sofisticadas de engaño que movilicen indebidamente los recursos investigativos del Estado.

La exposición de motivos cita que “la falsedad deliberada, particularmente cuando se instrumentaliza mediante medios digitales, distorsiona la búsqueda de la verdad, desvía recursos públicos, expone a personas inocentes a investigaciones injustificadas y compromete la legitimidad del sistema de justicia”. Asimismo, añade que “esta enmienda no solo fortalece la protección de la función investigativa, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia”.

También, fue aprobado el Proyecto del Senado 1111, del senador de mayoría Rafael “Rafy” Santos Ortiz, para incluir los andadores y bastones utilizados como dispositivos de movilidad entre los artículos exentos del IVU. El beneficio podrá reclamarse mediante un sistema de reintegro administrado por el Departamento de Hacienda y cobijará a las personas de 65 años o más que acrediten su edad mediante una identificación oficial, tanto para equipos de uso propio como para los destinados a su cónyuge elegible. 

En un turno, Santos expresó que “estamos hablando de una silla de ruedas para un padre que sufrió un derrame, de un andador para un abuelo por ejemplo, de bastones, muletas y todo equipo que le devuelva a un ser humano su capacidad de moverse, de trabajar y de vivir con dignidad. Hoy en Puerto Rico estos equipos pagan IVU. Lo estamos cobrando, estamos cobrando impuestos a la necesidad. Le estamos cobrando impuestos a la discapacidad, a la vejez y a la enfermedad. Eso no es justo”.

El Alto Cuerpo aprobó además el Proyecto del Senado 1224, presentado por la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad por petición, para proteger la diversidad de los modelos de vivienda cooperativa. La medida dispone que la conversión de una cooperativa al régimen de titulares no será obligatoria ni automática, sino que dependerá de la decisión democrática de su asamblea de socios. Estos también podrán optar por mantener el modelo de vivienda mancomunada.

De otra parte, el Senado concurrió con las enmiendas de la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 997 del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. La medida busca enmendar la Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista, a los fines de uniformar la terminología de la Ley. Además, atemperar las definiciones al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), reforzar la composición interdisciplinaria de los equipos de servicios en los Centros de Autismo, y clarificar las competencias entre el Coordinador Interinstitucional de Servicios y el Comité Interinstitucional de Servicios; y para otros fines relacionados.

Igualmente, se le dio paso al Proyecto del Senado 1454 (A-156) medida de administración, que propone incorporar al sistema contributivo de Puerto Rico las Cuentas de Ahorro para Menores, conocidas como “Trump Accounts”. La medida busca facilitar que padres, madres y tutores ahorren e inviertan para el futuro de sus hijos menores de 18 años, conforme a los requisitos federales, promoviendo la responsabilidad financiera y la acumulación de ahorros desde la niñez.

El proyecto contempla excluir del ingreso tributable la aportación federal inicial de $1,000 para menores elegibles nacidos entre 2025 y 2028, así como las aportaciones patronales hasta $2,500 por empleado al año, sujeto a los requisitos aplicables. Además, propone que las aportaciones y sus rendimientos no tributen en Puerto Rico mientras permanezcan en la cuenta. Los retiros estarían sujetos a las reglas contributivas aplicables a las cuentas de retiro individual y no podrían realizarse antes del año contributivo en que el beneficiario cumpla 18 años.

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, se expresó a favor del proyecto. “Más allá de las diferencias partidistas, esta es una buena iniciativa para que nuestras familias puedan ahorrar para el futuro de sus hijos. Lo que buscamos es que los jóvenes de Jayuya, Mayagüez y de todos nuestros municipios puedan beneficiarse de esta oportunidad vinculada a fondos federales y comenzar a construir una base económica desde temprano. Las aportaciones anuales a estas cuentas pueden ayudarles a acumular recursos para enfrentar el costo de la educación y los efectos de la inflación. Se trata de darles a nuestros jóvenes más herramientas para su futuro”, sostuvo.

De la misma manera, expresó su apoyo la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú. “Quiero destacar la importancia de la ciudadanía americana en el acceso a esta aportación para nuestros menores… Esta iniciativa también representa una oportunidad para fortalecer nuestra economía mediante la participación de las instituciones financieras de Puerto Rico. Facilitar el ahorro desde la niñez permite que las familias comiencen a construir una base económica para sus hijos y les brinda una herramienta adicional para atender sus necesidades futuras”.

Igualmente, recibió aval el Proyecto del Senado 482, de la senadora de minoría Ada Álvarez Conde, establece que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles dará prioridad a las propuestas de municipios y organizaciones sin fines de lucro que interesen utilizar planteles escolares en desuso para desarrollar vivienda asequible. La prioridad aplicará cuando el inmueble esté disponible y no sea necesario para fines del Departamento de Educación, luego de verificarse su situación con las agencias o entidades correspondientes.

Como parte de los trabajos legislativos, fue aprobada la Resolución del Senado 573, del portavoz de mayoría Gregorio Matías Rosario, para investigar las pérdidas de agua ocasionadas por salideros, averías, equipos defectuosos o hurto en el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Comisión correspondiente examinará las acciones de la corporación pública, los costos y plazos de las posibles soluciones, las experiencias de otras jurisdicciones y la viabilidad de establecer programas permanentes de mantenimiento y detección de salideros. También deberá presentar un primer informe parcial dentro de noventa días.

Igualmente, recibió aprobación la Resolución del Senado 569, de la senadora de mayoría Jamie Barlucea Rodríguez. Esta ordena investigar las condiciones ambientales, estructurales, operacionales y de seguridad de los terrenos e instalaciones del antiguo complejo petroquímico de Puerto Rico Olefins y CORCO, localizado entre Peñuelas y Guayanilla. La investigación evaluará los procesos de descontaminación y remediación, las actuaciones de las agencias con jurisdicción y las alternativas para la recuperación y reutilización sostenible de los terrenos.

Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 586, presentada por el senador independiente Eliezer Molina Pérez, para investigar los reglamentos, criterios y mecanismos utilizados por el Comité Olímpico de Puerto Rico y sus federaciones afiliadas en la clasificación, certificación y selección de atletas para competencias internacionales. Se examinará la transparencia administrativa, el debido proceso, la rendición de cuentas, los mecanismos de revisión y el uso de fondos públicos, sin intervenir en decisiones deportivas particulares.

Aval del Senado a medidas de la Cámara

En cuanto a la infraestructura vial, fue aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 63. La resolución ordena a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica establecer mecanismos para mejorar el alumbrado en calles y carreteras de los barrios Duey Bajo, Rosario Bajo, Rosario Peñón, Rosario Alto, Caín Alto, Hoconuco Alto, Caín Bajo, Hoconuco Bajo y Duey Alto, en San Germán. Ambas entidades deberán desarrollar planes de mantenimiento y rendir un informe conjunto sobre el cumplimiento de lo ordenado.

Finalmente, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 130. La medida ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación liberar de determinadas restricciones de preservación e indivisión el predio número 24 de la finca Vega Redonda, en Comerío, para ajustar su situación registral y permitir que los herederos de sus titulares originales continúen los trámites legales correspondientes.