Senado aprueba restringir el uso de escoltas para funcionarios y exfuncionarios

En la continuación de los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico dio paso al Proyecto del Senado 880, presentado por el portavoz alterno de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, que establece un marco regulatorio más estricto para el uso de escoltas por parte de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico, limitando este servicio a casos de necesidad real y verificable, con evaluaciones individualizadas. 

“Este tema de las escoltas, que ha sido uno de los temas donde prácticamente todos los senadores están de acuerdo, y todos los representantes están de acuerdo, se le ponga fin cuanto antes. Porque no se trata necesariamente de un tema de economía, se trata de un tema de eficiencia. Pues claro que los policías van a seguir cobrando aunque no sean escoltas, pero van a estar en la calle, atendiendo el tema de seguridad que es tan importante para los puertorriqueños. Así que yo invito a que aprobemos los proyectos, el del compañero Juan Oscar Morales, y también de administración para que si hay alguna otra situación, tengamos la oportunidad de corregirlo. Yo espero que esta vez se firme este proyecto”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. 

Este proyecto limita el servicio de escolta a casos de necesidad real y verificable, sujeto a evaluación individualizada por el Superintendente de la Policía, con carácter temporal y revisable. 

Además, dispone que los exgobernadores solo recibirán escolta por un término máximo de doce meses tras dejar el cargo, salvo excepciones debidamente justificadas, y elimina de forma automática ese beneficio si la persona resulta convicta por delito grave o menos grave. También prohíbe que candidatos a la gobernación o a Comisionado Residente soliciten o reciban escoltas, incluso mediante contratación privada con fondos públicos; así también con los jefes de agencia.

“Le añadimos otro elemento, se elimina el servicio de escolta a los jefes de agencias. No hay razón alguna, para que un jefe de agencias tenga un servicio como este. El proyecto exceptúa a Corrección, Justicia, la Policía, el Departamento de Estado y a los presidentes legislativos. Yo creo que con esos puestos son puestos que todos entendemos que deben tener escoltas mientras estén en función en su posición. Una vez finalizan, no tendrán el servicio de escolta”, sentenció Morales Rodríguez.

De igual forma, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 881, presentado por la Gobernadora buscando el mismo fin del PS 880. El mismo propone retirar el servicio de escolta, seguridad y protección a aquellos exgobernadores que hayan sido convictos por delitos graves o menos graves, ya sea en la jurisdicción estatal o federal. La medida establece que ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico podrá proveer estos servicios a personas con convicciones penales y evitar el uso de fondos públicos en beneficio de funcionarios que hayan fallado a la isla.

Además, la propuesta prohíbe que aspirantes o candidatos a la gobernación o al cargo de Comisionado Residente soliciten o reciban servicios de escolta durante el periodo de campaña, salvo que exista una amenaza real a su seguridad, determinada exclusivamente por el Superintendente de la Policía.

Otras medidas aprobadas

Por otra parte, recibió aval el Proyecto del Senado 765, de la autoría de Rivera Schatz, para enmendar las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a los fines de establecer un mecanismo más eficiente para la citación de personas testigos que se encuentran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, pero dentro de otra jurisdicción de los Estados Unidos de América.

La exposición de motivos de la medida sostiene que el alcance de esta enmienda a la Regla 40.6 de procedimiento civil se limita a los procesos de descubrimiento de prueba que se realicen entre los tribunales de puerto Rico y los estados de Estados unidos que se benefician de la Ley Uniforme de citaciones y Descubrimiento Interestatal (UIDDA), incluyendo el Distrito de Columbia, las Islas vírgenes estadounidenses, así como los territorios y posesiones de Estados Unidos.

También, fue aprobado el Proyecto del Senado 739, medida de administración, con el propósito de crear la “Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico”. La pieza legislativa reconoce que “aunque el BGF continúa existiendo como una entidad de nuestro gobiemo para propósitos de satisfacer ciertas obligaciones y responsabilidades limitadas, la realidad es que sus funciones se han visto reducidas dramáticamente durante los pasados años, ya que no es una entidad plenamente operacional del Gobiemo de Puerto Rico”. 

A su vez, se aprobó el Proyecto del Senado 898, del senador de mayoría Ángel Toledo López, para hacer un reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico.  Establecer como política pública la garantía a la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas. Mandatar un censo dirigido a recopilar información estadística sobre la comunidad sorda en Puerto Rico. 

Del mismo modo, de Toledo López el Proyecto del Senado 899 para enmendar el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”. A fin de eximir del pago de contribuciones los ingresos devengados por concepto de las horas extras trabajadas a los bomberos, incluyendo el personal de rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Igualmente, se le dio paso al Proyecto del Senado 723 de la senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, para enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico” a los fines de establecer una exención contributiva aplicable a los equipos o máquinas de generación de energía eléctrica. Esto en propiedades de uso residencial, comercial e industrial. Además, disponer que el valor de esos equipos no afectará ni se considerará aplicable al valor de tasación de la propiedad inmueble residencial a la que estén adheridos. 

En temas de inteligencia artificial (IA), se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 86, presentada por petición a través del senador de mayoría, Wilmer Reyes Berrios. La medida busca ordenar a entidades relacionadas realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de establecer un Programa de Medicina de Precisión apoyado en IA. Incluyendo su integración en los procesos diagnósticos; y presentar a la Asamblea Legislativa un plan de implementación con fases, presupuesto estimado y métricas de evaluación. La Puerto Rico Innovation and Technology Service PRITS deberá servir como asesor técnico en esta investigación.

Las entidades citadas en esta medida son Departamento de Salud de Puerto Rico, en coordinación con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y las escuelas de medicina acreditadas en la Isla. 

Por otro lado, recibió aval la Resolución Conjunta del Senado 91 del pasado presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago. Ordena al Departamento de Salud que identifique, revise y elimine las barreras al acceso a todas las vacunas en diversos entornos de atención médica en la medida en que lo permita la Constitución, la ley y los fondos disponibles. Esto para que las vacunas sigan siendo amplia y fácilmente accesibles para los residentes de Puerto Rico.