Senado da paso a enmendar disposición de transparencia y accesos a información pública

El Senado aprobó ayer, como parte de los trabajos de sesión ordinaria, el Proyecto del Senado 63, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para enmendar la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, con el fin de clarificar los procesos y establecer penalidades por incumplimiento.

La medida aclara los deberes de los Oficiales de Información, quienes deberán recibir, registrar y tramitar las solicitudes en el orden recibido, así como rendir informes mensuales públicos sobre el número y estatus de las peticiones.  Se exige que ayuden a los ciudadanos que soliciten datos y mantengan disponibles los informes en los portales web de cada agencia.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó que este proyecto no limita el acceso a la información. “Sencillamente trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día, hay un balance real entre pedir la información y el proveerla… Además de decir el nombre, la dirección, de ampliar un poco el término este proyecto sugiere que la agencia o el funcionario que incumpla tiene consecuencias económicas por su incumplimiento... Estamos mejorando una herramienta que creó el Partido Nuevo Progresista”.

Además, se redefine el procedimiento de solicitud donde cualquier persona podrá pedir información por escrito o electrónicamente, sin necesidad de demostrar interés jurídico, pero deberá notificar al jefe de agencia y al presidente de la rama correspondiente. Si la notificación no se cumple, la solicitud se considerará defectuosa. También se dispone que el peticionario incluya una dirección postal o electrónica, y que la agencia confirme la recepción con un número de referencia.

El término para entregar la información se duplica: de diez a veinte días laborables para oficinas centrales, y de quince a treinta días para oficinas regionales, con una prórroga máxima de veinte días adicionales.  Si la agencia no responde dentro del plazo, se presume una denegatoria automática, lo que faculta al ciudadano a acudir al Tribunal.  Las decisiones de denegación deberán ser fundamentadas por escrito y especificar las bases legales.

Del mismo modo, se establece un Recurso Especial de Acceso a Información Pública ante el Tribunal de Primera Instancia, sin necesidad de abogado ni aranceles, con un formulario simplificado.  El tribunal podrá resolver el caso en un plazo breve y emitir una resolución revisable ante el Tribunal de Apelaciones.

Finalmente, como parte de las enmiendas se añade un nuevo artículo, que impone multas de hasta $100 diarios (hasta un máximo de $18,000) a las agencias o entidades que incumplan una resolución judicial que les ordene divulgar información.  Estas sanciones podrán aplicarse de manera retroactiva a casos pendientes.

“El P. del S. 63 atendió detalladamente las posturas de las diferentes agencias a quienes se les pidió informe. A algunos compañeros se les olvida que este proyecto enmienda una ley que ya fue aprobada… Esta legislación busca que podamos conceder un término razonable para atender una petición que se hace sin privar el derecho al acceso a la información. Estas enmiendas lo que buscan es una fecha cierta para entregar los documentos que se piden… Las expresiones en contra recibidas de esta medida eran meras opiniones, no sustentadas con evidencia”, manifestó el senador Ángel Toledo López.

Por otro lado, también de la autoría del presidente senatorial, el Proyecto del Senado 42, que busca enmendar la “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, con el objetivo de armonizar sus disposiciones con el Código Penal de 2012 y la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, de modo que el marco penal de la isla sea coherente y actualizado. 

Entre los delitos que no podrán beneficiarse de la sentencia suspendida figuran: asesinato, agresión sexual, secuestro, incesto, pornografía infantil, robo agravado, apropiación ilegal de fondos públicos, soborno, malversación, y varios delitos bajo la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, incluyendo portación ilegal de armas, posesión de armas automáticas, disparar desde un vehículo o apropiación ilegal de armas de fuego. Esto busca garantizar que los beneficios de la libertad a prueba se reserven a casos de menor peligrosidad, alineando el sistema de penas con los principios de prevención, proporcionalidad y rehabilitación.

Designación del Defensor de las Personas con Impedimentos

Como parte de los trabajos del pleno, el Senado de Puerto Rico rechazó la designación del doctor David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos, luego de una evaluación en la que salieron a relucir señalamientos sobre su manejo de reclamaciones legales y posibles conflictos de interés.

Aunque el pasado 25 de septiembre, el doctor compareció ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que evaluó su designación, donde defendió su trayectoria personal y profesional, durante la tarde de hoy, el Alto Cuerpo decidió no otorgar su consentimiento.

Los senadores manifestaron reservas ante la cantidad de querellas y litigios asociados a su nombre, interpretando que ello podría afectar la credibilidad y efectividad de la Defensoría. “Las personas con impedimentos necesitan tener a una persona en esa defensoría que realmente venga a defender a todos por igual y que no tenga un historial nebuloso como lo tiene este nominado. En la vista de confirmación, el señor David Figueroa aceptó que días antes de que la Gobernadora de Puerto Rico lo nominara, presentó cerca de ocho reclamaciones judiciales contra varios comercios; y aceptó que no había visitado ninguno de los sitios, que él había demandado días antes que la Gobernadora de Puerto Rico lo nominara como Defensor de las Personas con Impedimentos", sentenció el senador Luis Javier Hernández.

Con el voto en contra de la mayoría de los legisladores la designación quedó colgada, por lo que el cargo de Defensor de las Personas con Impedimentos permanecerá vacante hasta que el Ejecutivo someta un nuevo nombramiento. Por otro lado, el Alto Cuerpo dio su aval a Juan Hernández Sánchez, como juez del Tribunal de Apelaciones en su denominación.

Otras medidas aprobadas

Entre otra de las medidas que se aprobó se encuentra el Proyecto del Senado 127, del portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, para crear la “Ley Especial de Retiro Incentivado y Garantías de Pensión Justa a Empleados Esenciales”, dirigida a los reclamos de justicia laboral de los servidores públicos que quedaron excluidos de la Estipulación Final entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA, relacionada con la implementación parcial de la Ley 80-2020.

“Esto es un proyecto que le hace justicia a los empleados del gobierno. Hombres y mujeres que se han levantado por años a servir a Puerto Rico, hombres y mujeres que han sido la cara del gobierno por años, después de dar lo mejor de su juventud, de su vida, en el bienestar de Puerto Rico, los han condenado a que tengan una pensión de un 22%”, expresó Matías Rosario.

Por su parte, el senador Toledo López comentó que “este proyecto, según está redactado, incluso con las enmiendas que se proponen, que se han presentado en el entirillado, es un derecho que tenemos que garantizarles a nuestros empleados públicos y no crea un nuevo beneficio, que es lo que algunos han querido decir… permite que las personas que le han servido a Puerto Rico puedan retirarse”.

El proyecto reconoce la aportación de los llamados “empleados esenciales” y busca reabrir una vía para que puedan acogerse a un programa de retiro incentivado, similar al que disfrutaron otros grupos cobijados por la Ley 80-2020, conocida como la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos. El texto ordena que las agencias otorguen autorización y tramiten estos retiros dentro de un término de 60 días desde la notificación de cumplimiento, evitando atrasos administrativos.

Además, la medida dispone que las vacantes generadas puedan cubrirse mediante el mecanismo de “empleador único” establecido en la Ley 8-2017, o mediante la reingeniería de funciones, de modo que no se afecten los servicios esenciales que brindan las agencias. En otras palabras, el proyecto combina el reconocimiento al mérito y sacrificio de los empleados públicos con la sostenibilidad operativa del aparato gubernamental.

“Este proyecto atiende una situación que a mí me preocupa grandemente, que los servidores públicos viven día a día. Con lo que ganan ahora no pueden comprar sus medicamentos, no pueden pagar sus utilidades. Imagínense con una pensión tan miserable. Nosotros, compañeros y compañeras de todos los partidos, estamos caminando la ruta correcta. Estamos dando un paso que sabemos que tenemos una gran pared que se llama Junta de Control Fiscal”, concluyó el senador Juan Oscar Morales.

De igual manera, el P. del S. 141, de la senadora Marially González Huertas, enmienda el Código de Seguros para facilitar pagos parciales a reclamantes, mientras el P. del S. 484, del senador Jeison Rosa Ramos, designa el 9 de marzo como el Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola. A su vez, del mismo senador los proyectos P. del S. 584 y 605, que aumentan multas y penas en el Código Penal y declaran la Semana de los Future Farmers of America (FFA), respectivamente.

En materia económica y educativa, el P. del S. 639, de Carmelo Ríos Santiago y Ada Álvarez Conde, autoriza a jóvenes de 18 a 20 años a solicitar servicios de crédito financiero. Por su parte, el P. del S. 665, de Roxanna Soto Aguilú, ordena al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico donar libros excedentes a bibliotecas penitenciarias, mientras el P. del S. 670, de la senadora Nitza Moran Trinidad, amplía la cobertura de servicios de salud en el hogar para personas adultas con discapacidades complejas.

En cuanto a resoluciones, el Senado atenderá designaciones de carreteras y vías públicas, como las R.C. del S. 51 y 59, en Arecibo y Dorado; además se incluyeron medidas para evaluar la falta de reglamentos en la Subjunta Examinadora de Tecnología Veterinaria (R. del S. 261, de Ríos Santiago) y la proliferación de vehículos abandonados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (R. del S. 237, de Sánchez Álvarez).

Finalmente, entre los proyectos de la Cámara se encuentran el P. de la C. 138, que dispone la derogación de leyes obsoletas; el P. de la C. 143, que amplía los recursos de mentoría financiera en escuelas; y el P. de la C. 245, que estandariza la numeración de leyes. Asimismo, fueron aprobados los P. de la C. 276 y 714.