Senado evalúa congelar el impuesto al inventario
Se evidenciaron posturas divididas, por pérdida de fondos, entre municipios y comerciantes
Presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández. Foto: Suministrada
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, presidida por el líder senatorial Thomas Rivera Schatz, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 433, medida que enmendaría el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de congelar, durante los años fiscales 2024 al 2028, la responsabilidad contributiva sobre inventarios de los comerciantes a base de un promedio de valoración y la tasa vigente para el año fiscal 2024-2025.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró la urgencia de atender este asunto, pues el impuesto al inventario ha sido identificado como un obstáculo para mantener abastos suficientes de alimentos, medicinas, piezas de reemplazo y otros productos esenciales. “Este tema de congelar el impuesto al inventario viene discutiéndose por tantos años, pudiera ser ahora por cinco años. Entonces, de aquí a cinco años más veamos cómo está la situación. A mí no me hace mucho sentido, pero hay una propuesta que fue avalada en las urnas y tenemos que respetar eso… yo no le veo utilidad al impuesto al inventario, pero hay un problema que tenemos que resolver y se hace metiéndole mano”, expresó.
El Proyecto del Senado 433, medida de Administración, equivalente al Proyecto de la Cámara 420, establece que los comerciantes podrán acogerse a tributar sobre el valor promedio de inventarios correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, o mantener el método regular de valoración. En el caso de negocios nuevos, la base contributiva se determinará a partir de la primera planilla de bienes muebles que cubra doce meses de operaciones, excluyendo a aquellos que sean sucesores de entidades relacionadas.
La medida también faculta al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a rendir informes semestrales a la Gobernadora sobre alternativas que permitan sustituir este impuesto y dispone que, una vez concluya el periodo de congelación, la mandataria presente una propuesta legislativa para atender de manera definitiva el tema. Asimismo, se aclaró que el Departamento de Hacienda podrá compartir con el CRIM información necesaria para la administración del impuesto, bajo parámetros de confidencialidad y sin que ello implique una renuncia a las obligaciones federales con el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos.
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) coincidieron en que el proyecto, que atiende la eliminación paulatina del impuesto al inventario, debe evaluarse con cautela y acompañado de mecanismos que protejan tanto la estabilidad fiscal de los municipios como el desarrollo del sector comercial. El presidente de la Federación y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, recordó que la Ley 78-2025, que exime a los medicamentos recetados de este tributo, ya representa una reducción de $90.5 millones en cinco años, cifra que la OPAL estima pudiera ascender hasta $107.5 millones. “Como es de conocimiento, el impuesto al inventario genera ingresos fiscales a los municipios para proveer servicios básicos y esenciales, financiar proyectos de obra y aportar al pago del servicio a la deuda estatal y municipal. Por tal razón, estamos a favor del Proyecto del Senado 433, ya que es parte programática de la presente Administración del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los alcaldes Federados”, expresó Hernández Rodríguez.
La Federación destacó que solo en el año fiscal 2025 el impuesto al inventario generará $318.7 millones y que más de 100,000 contribuyentes radican planillas de propiedad mueble, aunque apenas 534 aportan el 80% del recaudo. En ese contexto, propusieron un nuevo mecanismo contributivo basado en el costo de lo vendido o en tasas reducidas, que brinde certeza tanto a empresarios como a los municipios. También recomendaron asignar fondos estatales para cubrir la implantación de la medida, considerando recursos como los $66 millones del Fondo de Consolidación Municipal o partidas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Durante la vista, la senadora Migdalia Padilla Alvelo advirtió sobre el impacto de la medida en los recaudos municipales y solicitó un análisis más detallado sobre las pérdidas potenciales. “El congelamiento del impuesto al inventario hay que tomarlo un día a la vez porque aquí siempre se ha dicho que los municipios son quienes brindan la primera mano de ayuda a los ciudadanos… Aquí se están afectando todos, esto no es algo bonito para la isla, pero hay que poner un detente”, expresó.
Por su parte, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo J. Paniagua Látimer, advirtió que la exención de medicamentos recetados impactará particularmente a farmacias y droguerías, con una reducción estimada de $21 millones anuales. Ante este panorama, recomendó que la pieza legislativa establezca un periodo transitorio de tres años en el que la contribución se calcule sobre la valoración de inventario reportada en las planillas del año económico 2024, aplicable desde el año fiscal 2025-2026. Asimismo, planteó que a los nuevos comerciantes se les aplique el sistema vigente y que aquellos con disminución en sus niveles de inventario puedan optar por tributar bajo la norma actual.
“Nosotros estamos trabajando una situación compleja, porque esto afecta al comerciante, pero también afecta al individuo… Estoy de acuerdo en que fortalecer los municipios no es contradictorio a fortalecer a las empresas”, argumentó el senador Ángel Toledo López.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Margaret Ramírez Báez, sostuvo que la eliminación del impuesto al inventario debe convertirse en una política pública clara y definitiva, y no limitarse a congelar tasas por un periodo de tiempo. Resaltó que este tributo resulta nocivo tanto para comerciantes como para consumidores, pues encarece los costos y castiga a las empresas que mantienen inventario suficiente para atender la demanda. Propuso un plan escalonado de eliminación que inicie en el año fiscal 2025-2026 y culmine en el 2030-2031, reduciendo la base contributiva en 20% anual hasta su total eliminación. A su juicio, esta ruta daría certeza al sector privado y tiempo suficiente al gobierno para diseñar fuentes alternas de ingreso o medidas de ahorro municipal.
En su ponencia, la CCPR sugirió compensar la reducción en recaudos mediante el aumento del IVU a las compras por internet, el aprovechamiento de los $3.5 billones en recaudos de IVU de otras fuentes que superan los pagos a COFINA, la reducción de gastos municipales mediante consolidación de funciones administrativas, la sustitución del impuesto al inventario por una contribución sobre ingresos municipales acreditable al Estado, y la asignación de una parte de los fondos récord del “room tax” por alquileres a corto plazo.
De igual forma, la Asociación de Bancos de Puerto Rico expresó que la medida no afecta a la industria bancaria y mostró su apoyo, aunque recomendó aclarar los años contributivos que cubre el proyecto y extender el tratamiento a todos los comerciantes, no solo a aquellos con tres años contributivos previos. También, estuvieron presentes el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) quienes igualmente se posicionaron a favor del fin de la pieza legislativa, aunque proponiendo un mecanismo más robusto para lograr cancelar el impuesto a largo plazo.
Finalmente, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reconoció la necesidad de actuar sobre el impuesto al inventario, pero señaló que la medida debe incluir garantías explícitas de sostenibilidad fiscal para los municipios. Recalcaron que sería necesario un mecanismo de compensación que neutralice el impacto si las metas de ingresos no se logran por factores externos de la economía, aunque no presentaron enmiendas concretas a la Comisión.
