Senado evalúa proyecto cameral para actualizar definición de la Zona Marítimo Terrestre

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales, que preside la vicepresidenta senatorial Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 25, que propone enmendar varias leyes vigentes con el fin de actualizar y aclarar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Rico, conforme a criterios científicos, ambientales y jurídicos contemporáneos.

Jiménez expresó al inicio de la audiencia que “esto es de importancia para mucha gente, así que queremos escucharlos a cada uno de ustedes, que los senadores tengan la oportunidad de hacer las preguntas que necesitan hacer y que los deponentes también tengan el espacio y el tiempo para que puedan contestar… De una manera u otra todos queremos lo mejor para Puerto Rico”. Además, la senadora adelantó que podrían convocar una segunda audiencia pública y una mesa de trabajo para escuchar a todas las partes. En esta ocasión se presentaron 15 deponentes.  

La pieza legislativa busca atemperar una definición que se remonta a la legislación del siglo XIX, con el propósito de establecer parámetros más precisos sobre los límites entre el dominio público y la propiedad privada en las zonas costeras. Asimismo, procura fortalecer la protección ambiental de las costas, garantizar el acceso del público a las playas para fines recreativos no comerciales y brindar mayor certeza jurídica en los procesos de deslinde.

Participó como deponente el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, quien apoyó la medida con recomendaciones. “Este proyecto no le roba las playas a nadie. Aquí no hay ningún cambio. La diferencia es que los agrimensores tendrán data científica para hacer su trabajo a través de la NOAA”, aclaró Quiles.  

Entre las sugerencias, mencionó que se establezca el término servidumbre para identificar la franja total de 20 metros, eliminando los conceptos de salvamento y vigilancia y atemperarse a tiempo presente. “Destacamos que hemos estado repitiendo fundamentos del derecho español del siglo XIX, mientras que España ya actualizó su Estado de derecho mediante Ley de 1988 de costas, modificada en 2013 y 2022, definiendo la zona marítimo-terrestre como el espacio donde el mar baña las costas en su flujo y reflujo, incluyendo terrenos ganados al mar, exenciones y las franjas de servidumbre de protección”, indicó el secretario. 

En iguales términos, apoyó la medida el agrimensor Marcos Colón, en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Indicó que el proyecto atiende “la necesidad real de política pública al adoptar con mayor precisión y normativa la definición de ZMT en Puerto Rico”. 

El deponente mencionó que la definición vigente desde la Ley 151, que describe la ZMT, “no establece con suficiente especificidad cuál es el parámetro técnico que debe utilizarse para fijar ese límite en el terreno… La medida constituye un paso afirmativo hacia una administración más uniforme, transparente y jurídicamente consistente de la ZMT, al proveer una definición que conserve su carácter de bien de dominio público, pero a la vez reduce la indeterminación técnica que históricamente ha rodeado su aplicación”, dijo Colón. 

Jiménez preguntó si esta ley va a cambiar lo que es el acceso a las playas públicas. Quiles respondió que “no hay ningún cambio. Lo único que se está haciendo es dar una data científica para poder realizar unos deslindes que esté acorde con la ciencia”. 

Asimismo, la senadora cuestionó si la definición propuesta altera la extensión actual del dominio público marítimo terrestre. El deponente respondió que “no”. A su vez, preguntó si será necesario revisar los reglamentos vigentes para garantizar uniformidad con la nueva definición. La licenciada Brenda Liz González Méndez del DRNA, respondió que “las agencias tenemos la obligación de cada cinco años revisar los reglamentos, en este momento, la oficina de asuntos legales, se encuentra en revisión específica de todos estos reglamentos que en pasados años no habían sido revisados y nos hemos dado la tarea de iniciar ese trabajo”. 

En un turno, el senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, remitió varias preguntas a Quiles. Preguntó si se estaría reduciendo el alcance actual de la ZMT protegida bajo reglamento si se aprueba este proyecto. Si esta medida reduce los litigios o cambia en algo la base legal para atender conflictos. A todas las preguntas la respuesta del deponente fue que “no”. 

A su vez, Sánchez preguntó cómo impactará esta medida en la protección de gente desde Carolina, Vieques, Culebra y todo Puerto Rico. “Lo que hace es que da una base estadística a la hora de que los compañeros de la agencia vayan a establecer el límite de la zona marítimo-terrestre, porque el fundamento que se usaba era un fundamento que básicamente era casi mágico, porque usted tenía que ver cuándo era el temporal mayor. Ahora se está usando datos científicos de la NOAA”, donde ya se va a establecer un punto específico”, dijo Quiles. 

Por su parte, la senadora de minoría, María de Lourdes Santiago Negrón, preguntó sobre el resultado de la aplicación en la definición que propone el Proyecto de la Cámara 25, el que resulte estar más cerca de la costa, más cerca del agua, si esos espacios serían susceptibles de apropiación privada. “Como está definida la ley actualmente, la línea de zona marítimo terrestre está sujeta a interpretaciones del técnico que lo ve. Ahora extienden esa definición a lo que dice el reglamento. El reglamento es más amplio que la ley”, indicó Colón. 

Además, se presentó a deponer el licenciado Patricio Martínez, en representación de la Asociación de Constructores e Industriales. El deponente favoreció el proyecto con enmiendas. “El P. de la C. 25, es una medida de claridad jurídica que sirve simultáneamente a la certeza del inversionista, a la protección ambiental costera y a la seguridad constitucional de los derechos propietarios”. 

Igualmente, favoreció la medida  el licenciado Ricardo Rolón, en representación de la Federación de Alcaldes. “Desde la perspectiva de los municipios costeros de Puerto Rico, esta medida representa un paso importante hacia la certeza jurídica en la delimitación de la zona marítimo-terrestre. La falta de claridad histórica ha generado controversias que afectan la planificación municipal, el desarrollo económico local y la protección ambiental”. El deponente añadió que la pieza legislativa debe ir acompañada de ajustes que garanticen un balance adecuado entre la protección ambiental, los derechos de propiedad y la autonomía municipal. 

Grupo de organizaciones expresan su oposición a la pieza legislativa

De otro parte, compareció a deponer el profesor José Maldonado Andreu, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, quien se manifestó en contra del proyecto. “La definición propuesta adopta una concepción restrictiva del litoral, basada en promedios mareográficos y la exclusión de fenómenos extremos, lo que resulta problemático en el contexto puertorriqueño al imponer una visión estática que no responde a su realidad costera ni a las proyecciones científicas”, expresó el deponente. 

Además, Maldonado añadió que cualquier redefinición de la ZMT debe partir de un enfoque que reconozca su naturaleza dinámica, su función ecológica y su carácter público. “Una definición que reduzca su alcance no solo debilita la protección ambiental y el acceso ciudadano, sino que facilita la transformación de bienes comunes en bienes susceptibles de apropiación privada, con consecuencias significativas para la equidad, la planificación territorial y la resiliencia climática”. 

También, expresó sus reservas a la pieza legislativa el licenciado Francisco Aquino de la organización Cambio Por PR. “Mientras el mundo avanza hacia una gestión costera que amplía las zonas de protección y valora los servicios ecosistémicos costeros, este proyecto propone una definición más estrecha de la ZMT fundamentada en criterios del siglo 19 y en la protección de la propiedad privada por encima del bien común, lo cual debilita la efectividad de la protección que la naturaleza nos pudiera brindar”, dijo Aquino a la vez que sugirió una mesa de trabajo con expertos en el tema para discutir la medida.  

En la misma línea, se expresó la licenciada Amy Orta en representación de Resillency Law Center. “El Proyecto de la Cámara 25, al excluir los efectos del cambio climático, las marejadas ciclónicas y la dinámica costera real, redefine la zona marítimo terrestre de manera que subestima los riesgos, compromete la conservación de los bienes de dominio público e impacta sustancialmente la salud física, mental y emocional de nuestras comunidades costeras ya impactadas desproporcionadamente con los cambios en el ambiente”. 

Además, participó Hernaliz Vázquez de la organización Sierra Club, quien levantó preocupación sobre la medida como está redactada y abogó por conocer el sentir de las comunidades costeras. “Esta medida tiene implicaciones directas sobre al menos 44 municipios costeros de Puerto Rico, lo que evidencia la magnitud territorial de su impacto y la necesidad de un proceso de evaluación amplio, participativo y regionalizado que incorpore las realidades particulares de cada zona costera”. 

Asimismo, fueron parte de la audiencia e indicaron no favorecer la pieza legislativa Ricardo Laureano del grupo VIDAS; Frank Inserni, representante del proyecto Arrecife Condado Inc.; Vanessa Uriarte de Amigxs del Mar; Alegna Malavé de Murciélagos Beach Defender; Suzette Quilós de Salvemos A Playuela; y la doctora Mariela Declep.