Senador afirma que alegación de culpabilidad valida pesquisa legislativa sobre pruebas COVID

El senador Juan Oscar Morales reaccionó el viernes a la alegación de culpabilidad del abogado Juan Maldonado en el caso de la compra ilegal de pruebas COVID, al sostener que el resultado confirma la investigación realizada por la Comisión de Salud de la Cámara hace cinco años.

“Con la declaración de culpabilidad del licenciado Juan Maldonado en el caso de la compra ilegal de pruebas COVID, podemos afirmar que el tiempo nos ha dado la razón”, dijo Morales en declaraciones escritas.

El senador explicó que durante el inicio de la pandemia, la comisión que presidía investigó el proceso mediante el cual se otorgó el contrato para la adquisición de pruebas rápidas. “Documentamos cada anomalía, desde la forma irregular en que se otorgó el contrato con Apex hasta la evidente participación y las gestiones del licenciado Maldonado, que fueron más allá de su rol”, expresó.

Morales sostuvo que los hallazgos fueron referidos a las agencias correspondientes y que el proceso no se detuvo con la publicación del informe legislativo. “Nuestro informe final no se quedó en un cajón; hicimos los referidos pertinentes a las agencias investigadoras, confiando en que se haría justicia”, afirmó.

El legislador señaló que la admisión de culpabilidad tiene un impacto más amplio que el ámbito legal. “Esto no es un simple caso administrativo; se trata de utilizar una emergencia de salud pública, donde la gente temía por sus vidas, para intentar obtener un lucro ilegal, dañando la confianza pública y malgastando fondos esenciales”, dijo.

Morales añadió que el caso subraya la importancia de la fiscalización legislativa y de la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos. “La corrupción no puede ni debe quedar impune. A pesar del tiempo transcurrido, y gracias a la perseverancia de las autoridades, el proceso de justicia ha avanzado”, expresó.

El caso se encuentra en etapa de sentencia tras la alegación de culpabilidad de Maldonado por tentativa de fraude en su modalidad grave, falsificación de documentos y delito de impostura, mientras otros cargos fueron archivados como parte del acuerdo alcanzado con los fiscales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. La lectura de sentencia fue señalada para el 20 de febrero de 2026 en el Tribunal Superior de San Juan.