Tras reclamo de Rivera Schatz, PPD plantea recurrir al Fondo de Emergencia para aliviar la luz

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó una propuesta para utilizar $131.6 millones del Fondo de Reserva de Emergencia y evitar que los consumidores absorban parte del aumento en la factura eléctrica, horas después de que el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, reclamara públicamente liberar fondos de emergencia durante un trimestre para mitigar los costos energéticos.

El presidente del Senado pidió que la Junta de Supervisión Fiscal permitiera al Gobierno diseñar ayudas para familias y comercios, al sostener que quedarse sin electricidad por no poder pagarla constituye una emergencia comparable, por sus consecuencias, a la interrupción del servicio tras un huracán.

“La Junta de Control Fiscal puede liberar fondos de emergencia por un trimestre para que el Gobierno diseñe alguna ayuda que realmente mitigue el daño de los costos energéticos”, había expresado Rivera Schatz. En la conferencia de prensa del PPD, su portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz, defendió el uso de esos recursos bajo una premisa coincidente: “Las emergencias se atienden con los recursos que el País tiene separados, precisamente para eso, para enfrentar emergencias”.

El senador Josian Santiago Rivera explicó que la Resolución Conjunta 229 propone transferir $131,650,334.94 a la Autoridad de Energía Eléctrica para cubrir costos de combustible que el Negociado de Energía autorizó recuperar mediante las facturas. Según las cifras que presentó, entre junio y agosto el combustible costó $627.1 millones, frente a una facturación de $486.4 millones; luego de aplicar un crédito de $9 millones, quedó una diferencia aproximada de $131.6 millones.

Por su parte, la senadora Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado 1599 para permitir expresamente el uso del Fondo de Emergencia en la mitigación de ajustes trimestrales por combustible. Según explicó la delegación, la medida mantendría los requisitos de una declaración de emergencia de la gobernadora y una solicitud de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Junta Fiscal.

La tercera iniciativa, la Resolución Concurrente 22, presentada por José Luis Dalmau Santiago, exhorta a la gobernadora Jenniffer González Colón a modificar las órdenes ejecutivas sobre la emergencia energética para incluir expresamente el impacto de las tarifas. Dalmau sostuvo que las disposiciones vigentes atienden asuntos de generación y transformación del sistema, pero no establecen mecanismos específicos para enfrentar los aumentos en las facturas.

La portavoz alterna del PPD, Marially González Huertas, indicó que el ajuste aprobado el 30 de septiembre elevó la tarifa de 28.57 a 33.85 centavos por kilovatio hora. Según los cálculos presentados por la delegación, un cliente residencial que consuma 800 kilovatios hora mensuales pagaría aproximadamente $42.27 adicionales, para una factura de $270.86.

Santiago Rivera estimó que el balance actual del fondo podría acercarse a $1,200 millones, por lo que la asignación propuesta representaría alrededor del 11 por ciento. Esa cifra fue presentada como una estimación. Hernández Ortiz solicitó a la mayoría del Partido Nuevo Progresista que considere las tres medidas y pidió a la Junta Fiscal reconocer el impacto de los costos eléctricos sobre las familias y los negocios.