Trump lleva al Primer Circuito su batalla por el control de la Junta de Supervisión Fiscal
El caso sobre los despidos en la Junta llega al Primer Circuito en medio de reclamos de ilegalidad y preocupaciones por el futuro fiscal de Puerto Rico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 3 de diciembre de 2025. Foto: WILL OLIVER
La controversia por el control de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entró en una nueva etapa luego de que la administración del presidente Donald Trump presentara una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. El recurso busca revertir la orden emitida por el Tribunal Federal en Puerto Rico, que reinstaló a varios exmiembros de la JSF tras concluir que sus despidos habían ocurrido sin cumplir el debido proceso establecido en la ley PROMESA.
La apelación surge como respuesta directa a la determinación de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien concluyó que las destituciones realizadas en agosto por la Casa Blanca no habían demostrado “justa causa”, ni se había otorgado a los miembros afectados la oportunidad de ser escuchados antes de su remoción. Esa decisión permitió el regreso provisional de los ex miembros mientras se dilucida la demanda principal, un escenario que la administración federal ahora intenta detener mediante el proceso apelativo.
Entre los destituidos se encuentra el expresidente de la Junta, Arthur J. González, junto a otros miembros cuya salida, según alegaron en su demanda, se produjo abruptamente y sin la documentación requerida por la legislación que rige al organismo fiscal. Desde su reinstalación parcial, el caso ha crecido en complejidad, pues el debate ya no se limita al estatus de los miembros, sino al alcance real del poder ejecutivo federal sobre la composición de la JSF y su rol en Puerto Rico.
La movida de Trump representa un intento de recuperar el control inmediato sobre la Junta, lo que permitiría a su administración retomar la designación de nuevos integrantes con una visión más alineada a sus objetivos. Para Puerto Rico, el caso no es meramente administrativo. La JSF continúa teniendo autoridad sobre los planes fiscales, los presupuestos del gobierno central y los procesos de reestructuración de deuda, incluyendo el altamente controvertido plan de ajuste de la AEE. Por ello, cualquier cambio en su composición puede alterar significativamente el rumbo económico de la isla.
