Gobernadora se expresa sobre el tema de las escoltas

La gobernadora Jenniffer González Colón afirmó el lunes que no renunciará al derecho a escoltas una vez concluya su mandato, al defender el proyecto de administración radicado para eliminar ese privilegio a exgobernadores convictos y a candidatos durante el periodo electoral.

“No, no voy a renunciar a ese derecho”, dijo González Colón al responder preguntas de la prensa.

La gobernadora explicó que vetó el Proyecto del Senado 752 porque no atendía correctamente el marco legal existente sobre los derechos adquiridos de exgobernadores, según determinaciones previas del Tribunal Supremo. Indicó que su propuesta corrige esas deficiencias al establecer criterios claros y prospectivos. “Yo no quiero aprobar una firma que después el tribunal me lo va a tumbar y va a ser nulo. Va a ser para efectos de prensa, pero no va a tener ninguna realidad”, expresó.

González Colón sostuvo que el Proyecto de Administración 86 elimina de forma tajante el privilegio de escoltas a exgobernadores que hayan sido convictos por delitos graves o menos graves, así como a todos los candidatos a la gobernación y a comisionado residente durante el proceso electoral. “Estamos quitando ese derecho a los candidatos. Hoy, una vez son certificados en las primarias, tienen derecho a escolta hasta la elección, y eso es lo que estamos eliminando”, señaló.

Mencionó que la única excepción será cuando el superintendente de la Policía determine que existe un peligro real e inminente contra un candidato, decisión que recaerá de manera exclusiva en ese funcionario. “La exclusividad de esa determinación va a ser del superintendente de la Policía”, afirmó.

Al referirse al posible ahorro fiscal, González Colón indicó que el mayor impacto económico provendrá de eliminar escoltas a candidatos, debido a la cantidad variable de aspirantes en cada ciclo electoral. “Ahí tú vas a tener un ahorro sustancial que no estaba previsto en la medida original”, dijo.

Reiteró que los exgobernadores que no hayan cometido delitos mantienen el derecho adquirido, conforme a la jurisprudencia vigente, y que el nuevo proyecto se limita a casos de convicción penal por un interés apremiante del Estado. “Una persona que obtenga el privilegio de tener seguridad no puede haber sido culpable de un delito grave o menos grave”, expresó la mandataria.

González Colón insistió en que la medida busca proteger el erario y establecer reglas claras, sin interpretaciones ambiguas, al tiempo que evita poner en riesgo a funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, enfrentan amenazas reales contra su vida y la de sus familias.