Acusan a seis empleados de la AAA por ponchar e irse sin trabajar

El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó el viernes causa probable para arresto contra seis empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por un presunto esquema de apropiación ilegal agravada y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, informó el Departamento de Justicia.

Los imputados fueron identificados como Nelson Rivera Feliciano, Daniel Colón Vale, Manuel Rodríguez Castro, Jesús Manuel Rodríguez Pagán, Nelson Manuel Conty Vázquez y Eddie Ramírez Soto. En total enfrentan 48 denuncias criminales por presuntamente registrar su asistencia laboral y abandonar el lugar de trabajo para realizar gestiones personales.

Según el Departamento de Justicia, “los hechos ocurrieron desde el 22 de abril de 2022 en la Oficina Regional de la AAA en Aguadilla, donde los empleados llegaban a las oficinas, ponchaban la entrada a laborar y luego se retiraban a realizar gestiones personales; para luego regresar a la AAA y ponchar la salida”. La investigación estuvo a cargo del agente Ronald Rodríguez Babilonia, del Negociado de Investigaciones Especiales.

Las fiscales Melitza Osorio Santiago y Lyanne Ortiz Román, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, presentaron las denuncias. El juez impuso una fianza global de doscientos veintidós mil dólares y la vista preliminar fue señalada para el 21 de noviembre de 2025.

El presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, expresó en declaraciones escritas que la corporación ha colaborado plenamente con el proceso desde que tuvo conocimiento de la investigación. “En esta nueva administración no existe, ni existirá, espacio para actos de corrupción, malversación de fondos públicos o cualquier conducta ilegal o que pueda parecerlo”, dijo González Delgado.

Añadió que la AAA continuará colaborando “para que el peso de la ley recaiga sobre las personas responsables, quienes no representan a la gerencia ni al resto de los empleados que con compromiso y honestidad le sirven al pueblo de Puerto Rico”.

González Delgado sostuvo que, debido a que el caso se encuentra ante los tribunales, no ofrecerá más expresiones “para no afectar el debido proceso judicial”, aunque reiteró que la política de la corporación es mantener transparencia y comunicación con la ciudadanía.