Alcalde arremete contra Oficina de la Contralora por publicar informe a pesar de orden judicial

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, arremetió el sábado contra la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (“OCPR”) por publicar un el informe investigativo a pesar de que presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para que no lo hicieran.

“El municipio presentó un recurso de Mandamus luego de que la OCPR se negara a permitir siquiera una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de su divulgación pública. Ante los planteamientos presentados, el Tribunal intervino formalmente, acortó términos y ordenó a la OCPR comparecer dentro de cinco días para mostrar causa por la cual no debía concederse el remedio solicitado. Ese remedio era claro: detener la divulgación del informe mientras el Tribunal evaluaba los planteamientos levantados por el municipio”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

“Lo ocurrido compromete seriamente esos principios. La actuación de la OCPR privó al Municipio de esa oportunidad mínima de participación procesal y provocó la divulgación de un informe sin incluir la posición oficial del Ayuntamiento, aun cuando el Tribunal estaba evaluado precisamente ese planteamiento”, añadió.

Previo a la divulgación del informe, el Municipio levantó cuestionamientos documentados sobre la objetividad, parcialidad y conducta de uno de los auditores que participaron en la investigación.

“La secuencia completa de actuaciones resulta alarmante: primero surgen cuestionamientos serios sobre parcialidad investigativa; luego la propia OCPR reconoce irregularidades y acciones correctivas; posteriormente se niega acceso al borrador del informe; después se emite una nueva Carta Circular expandiendo arbitrariamente el alcance de la confidencialidad investigativa apenas días después de las reclamaciones del Municipio; y finalmente se publica el informe aun cuando el Tribunal ya había asumido jurisdicción y ordenado a la OCPR explicar por qué no debía impedirse precisamente esa publicación”, sostuvo el alcalde.

La contralora Carmen Ana Vega Fournier publicó el informe de auditoría OC-26-29 sobre el municipio de Cataño que incluye referidos al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“La investigación revela un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del Municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público, incluyendo actividades político-partidistas y decisiones administrativas tomadas en contravención a legislación aplicable.

Las situaciones identificadas comprometen la legalidad, transparencia y eficiencia en la administración pública municipal y requieren la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar posibles infracciones legales, éticas, administrativas y fiscales”, dijo la contralora en el informe.

Como parte de las recomendaciones, la contralora mencionó:

Referidos al Departamento de Justicia y a Ética Gubernamental.

Recuperar dinero desembolsado indebidamente.

Evaluar posibles violaciones legales y administrativas.

Tomar medidas correctivas sobre la flota municipal y controles internos.

En el informe, se identifican siete hallazgos principales relacionados con uso indebido de recursos públicos, actividades político-partidistas y deficiencias administrativas durante el periodo del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.

Como parte los hallazgos:

Se confirmó que una ayudante del alcalde y una empleada de la Oficina de Ayuda al Ciudadano (OAC) utilizaron computadoras del Municipio y sus cuentas oficiales de correo electrónico para almacenar y manejar documentos, propaganda, listados electorales y materiales relacionados con campañas políticas. En los equipos ocupados se hallaron bases de datos de electores, formularios de la CEE, listados internos, facturas por artículos promocionales y fotos con logos de campaña. 

Según la Contralora, “Esto constituye un uso indebido de propiedad y sistemas municipales para actividades de carácter político, contrario a la Constitución, al Código Penal, al Código Municipal, a la Ley de Ética y a reglamentos internos”.

•Uso de fondos públicos para campaña política

Se determinó que el Municipio contrató servicios de una compañía publicitaria cuyo arte y elementos gráficos coincidían con los utilizados en la campaña política del alcalde. Se pagaron diseños, impresiones, artículos promocionales y materiales cuyas estéticas —tipografías, colores e imágenes— repetían la utilizada en el Comité político del alcalde.

Incluso se facturaron artículos de campaña directamente al Municipio, y algunos empleados recibieron en sus correos institucionales, durante horas laborables, información vinculada a esos servicios.

•Uso del puesto oficial para adelantar intereses político-partidistas

El 16 de octubre de 2024, durante una actividad oficial del Mercado Familiar, el alcalde utilizó una guagua de sonido municipal para realizar anuncios mientras vestía una camisa alusiva a su candidatura política. Esta actuación ocurrió en horas laborables y en una actividad gubernamental.

Además, se evidenció que las entregas del programa de ayudas de la OAC eran utilizadas para fotografías publicadas en redes sociales personales del alcalde, y no en las oficiales del Municipio.

Según la contralora “Estas conductas reflejan el uso del cargo y de recursos públicos para promover intereses electorales propios, lo cual está prohibido por la Ley de Ética Gubernamental”.

•Pago indebido de diferencial salarial

Una empleada fue designada directora interina de la Oficina de Planificación sin cumplir los requisitos mínimos establecidos: no poseía licencia de planificador ni maestría en Planificación. Pese a ello, se le otorgó el diferencial máximo autorizado, ascendiendo a $12,656, sin evidenciar justificaciones extraordinarias.

La falta de preparación académica obligó al Municipio a contratar posteriormente un planificador licenciado, con un costo adicional de $32,000. El pago del diferencial y la designación interina contravinieron los requisitos legales aplicables a interinatos y procesos de retribución.

•Pagos indebidos a bufete legal

El Municipio permitió que un bufete contratado excediera los montos máximos de dos contratos sin enmendarlos previamente, lo que provocó pagos ilegales por $75,623.

Además, se pagaron $298,586 por servicios no relacionados con el propósito contractual (derecho laboral), a pesar de que el Municipio cuenta con una Oficina de Asuntos Legales con capacidad para esas funciones.

•Uso indebido de vehículos y equipo pesado

Se documentó que personal y equipo del Municipio, incluyendo un camión municipal y una excavadora arrendada, fueron utilizados para remover arena en un sector privado del municipio y transportarla a una residencia privada. Estas acciones se realizaron durante horas laborables y sin la debida autorización del DRNA, contraviniendo la ley que regula la extracción y traslado de arena.

El hecho constituye un uso ilegal de recursos públicos para beneficio particular, ordenado por un subdirector de Obras Públicas.

•Deficiencias en registros de vehículos municipales

Se identificó un patrón generalizado de incumplimiento con los registros diarios (bitácoras) requeridos para el uso de vehículos municipales. Entre 2024 y 2025 se detectó uso de al menos 18 vehículos en fines de semana y días feriados sin documentos que registraran millaje, destino y horas de operación.

Además, hubo más de 400 cargos en AutoExpreso sin respaldo en bitácoras, e incluso vehículos utilizados cuando las personas asignadas estaban ausentes.

Uno de los vehículos arrendados fue utilizado para transportar al alcalde a una actividad política en Aguas Buenas.

El Municipio ya había sido advertido sobre este problema en un informe previo, pero no implementó las acciones correctivas necesarias, perpetuando el riesgo de mal uso de la flota municipal.

La contrarlora recomendó:

Referidos al Departamento de Justicia y a Ética Gubernamental.

Recuperar dinero desembolsado indebidamente.

Evaluar posibles violaciones legales y administrativas.

Tomar medidas correctivas sobre la flota municipal y controles internos.