Aprueban medida para extender beneficios de la Ley 60 a todos los puertorriqueños

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el jueves varias medidas.

La Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 501, una medida de administración que propone establecer una contribución especial sobre ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo. La propuesta busca reducir diferencias contributivas entre residentes históricos de Puerto Rico y residentes inversionistas acogidos a incentivos bajo la Ley 60-2019 o la Ley 22-2012.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Eddie Charbonier Chinea, sostuvo que la propuesta convertiría un beneficio exclusivo en una opción disponible de forma más amplia, además de incentivar la repatriación de capital y la inversión local.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó que la medida podría reducir los recaudos del Fondo General en unos $132.3 millones durante 2026 y entre $134.8 millones y $141.2 millones entre 2027 y 2030. Hacienda recomendó evaluar la propuesta junto con la Ley 38-2026, que estableció una tasa contributiva de 4 por ciento sobre determinadas ganancias, intereses y dividendos para futuros residentes inversionistas.

La Cámara también aprobó legislación para aumentar a 2.5 días mensuales la licencia de vacaciones de empleados de salud pública, crear cursos escolares sobre prevención de violencia de pareja y modificar disposiciones relacionadas con el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.

Por su parte, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1029, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para mantener confidenciales las fotografías y huellas digitales tomadas a menores de 18 años durante investigaciones criminales, incluso cuando sean procesados como adultos. La medida también prohíbe divulgar sus nombres, fotografías o huellas en procedimientos judiciales.

El Senado concurrió además con enmiendas de la Cámara a medidas para declarar la tradición de las Tunas puertorriqueñas patrimonio cultural intangible y facilitar acceso a préstamos, incentivos y otras ayudas económicas para artesanos.

También aprobó legislación de la Cámara que incorpora al Código Electoral una definición de “propaganda política” y concede al Puerto Rico Innovation and Technology Service un plazo de 90 días laborables para evaluar proyectos tecnológicos financiados completamente con fondos federales.