Censuran intento del Comisionado Residente de regresar a ‘Paraiso Fiscal’ de la Sección 936
En 1996 el Congreso votó a favor de eliminar la Sección 936, debido a que su costo excesivo al erario federal
El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, rechazó la idea del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, de pedirle al Congreso el regreso de la antigua Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, asegurando que lo único que hizo cuando estaba vigente fue producir riqueza para unos pocos empresarios e inversionistas y no muchos empleos.
“El Comisionado Residente, en su afán de que Puerto Rico retroceda a las décadas de los 60 y 70, ahora se le ocurre buscar que el Congreso enmiende el Código de Rentas Internas federal con el fin de volver a implementar la Sección 936. Es una pésima idea que no tiene futuro alguno. La realidad es que las compañias que se acogieron a las disposiciones de créditos contributivos bajo la Sección 936 no crearon la cantidad de empleos necesarios para mantener un desarrollo económico apropiado en Puerto Rico. Tampoco proveyeron igualdad salarial a sus trabajadores en comparación con los estados. La remuneración era mucho menor en comparación las ganancias que estas generaban a través de los incentivos contributivos que recibían”, señaló Aponte.
“Si revisamos la data disponible, incluyendo información oficial de la Oficina de Contraloría General (GAO por sus siglas en inglés), las empresas que se acogieron a la Sección 936 no crearon empleos, no mejoraron salarios y tampoco promovieron un desarrollo económico sostenido. No necesitamos regresar al pasado para delinear nuestro futuro económico, menos con un modelo que ya ha probado que no funciona”, añadió el líder estadista.
En 1996 el Congreso votó a favor de eliminar la Sección 936, debido a que su costo excesivo al erario federal, el pequeño número de empresas que se habían acogido a la misma y, sobretodo, la falta de beneficios para los puertorriqueños, en términos de la creación de empleo y justicia salarial, no justificaba su permanencia.
“La Sección 936 no logró alcanzar sus objetivos principalmente debido a que las pocas empresas que utilizaron este refugio fiscal no invirtieron en Puerto Rico como proporcionalmente debería haberse hecho. Ahora el Comisionado Residente quiere volver a esto, a beneficiar unos cuantos y dejar a nuestros trabajadores sin los salarios que merecen”, sostuvo.
“Los datos están ahí, en el año fiscal federal 1991 las compañías acogidas a los beneficios de la Sección 936 recibieron $2,800 millones en créditos contributivos, sin que los ciudadanos estadounidenses que residían en Puerto Rico recibieron una proporción similar en beneficios.. Los números no mienten. Para el mismo año fiscal, el ingreso per cápita en Puerto Rico era de $6,000 al año, casi 30 por ciento menos que en los estados. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo superó el 16 por ciento, más del doble que en cualquier otro estado de la Unión. Mientras las compañías se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufren la desigualdad”, sentenció Aponte.
Un informe del GAO suscrito en 1993 enfatizó la disparidad crasa entre beneficios contributivos y la justicia salarial que se supone crearían estas compañias. De acuerdo a la data disponible, las empresas 936 generaban alrededor de unos $69,800 por empleado en créditos contributivos federales. Al mismo tiempo, el salario promedio de estos trabajadores apenas llegaba a los $22,800, la discrepancia salarial más grande en toda la Nación.
“Las compañias 936 crearon 45 por ciento menos empleos en Puerto Rico que en cualquier otra jurisdicción con una plataforma similar de incentivos contributivos, pero respaldaron el ‘estatus ‘ de la Isla por el paraíso fiscal que representaba, eso es lo que quiere el Comisionado, mantener el desacreditado Estado Libre Asociado”, terminó diciendo.
