Cámara aprueba incluir la energía nuclear al momento de considerar proyectos de generación
La pieza legislativa fue rechazada por las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP)

Representante Joel Franqui. Foto: Suministrada

La Cámara de Representantes aprobó el lunes, entre otros proyectos, una medida que persigue incluir las fuentes derivadas de tecnologías nucleares en la cartera de generación eléctrica de Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1092, de los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, Joel Franqui Atiles y Ángel Morey Noble pretende habilitar un análisis científico sobre la posible función de la energía nuclear como componente suplementario dentro de las metas de energía renovable establecidas en la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019).
“Esto no significa que, una vez sea evaluado por el Senado y sea estampada la firma de la gobernadora, mañana tendremos energía nuclear en Puerto Rico. Esto significa que comenzaría un proceso de evaluación. En las vistas públicas se hablaron de que, muchas veces, esos procesos tardan de cinco a siete años en darles esos permisos”, afirmó Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.
“Esta medida permite que estudiemos tecnologías que ya se desarrollan en Estados Unidos y otras jurisdicciones, amplía las herramientas disponibles para atender la demanda energética futura y crea un marco legal para evaluar alternativas de bajas emisiones bajo la supervisión de las agencias federales correspondientes. Nuestro interés es que Puerto Rico tenga acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones responsables sobre su futuro energético”, añadió Rodríguez Aguiló durante la sesión.
Franqui Atiles también aseguró que el costo de producción de los reactores nucleares pequeños podría rondar en menos de 12 centavos por kilovatio hora (kWh), lo que resultaría en un “ahorro sustancial para nuestra gente”.
“Estas farmacéuticas, estas grandes industrias, podrían tener microreactores para poder suplir la demanda y constancia de su energía”, añadió.
La pieza legislativa fue rechazada por las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP).
Por otro lado, la Cámara avaló una medida que pretende clarificar el alcance de las prohibiciones relacionadas al período denominado “veda electoral” en la Ley para el Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011).
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, explicó que el Proyecto de la Cámara 1121 establece “excepciones específicas” que permitan al gobierno cumplir con su deber informativo, sin que ello se interprete como un uso indebido de fondos públicos o provoque un gasto excesivo no justificado.
A su vez, la medida presentada por petición de la Federación de Alcaldes enmienda el Artículo 2.055 del Código Municipal de Puerto Rico para eliminar la prohibición sobre transacciones de personal en aquellos municipios donde el alcalde incumbente resulte reelecto.
Según Méndez Núñez, este cambio facilitará la continuidad administrativa y evitará “retrasos innecesarios” en la gestión gubernamental de los municipios.
“Establecemos un balance entre los gastos sujetos a la veda electoral y aquellos que resultan necesarios para mantener debidamente informada a la ciudadanía, sin que se establezcan procesos burocráticos o complejos”, indicó el líder cameral.
La legislación recibió el voto en contra de las delegaciones del PPD, PIP y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
Entre otras medidas avaladas por el pleno está el Proyecto de la Cámara 835, que busca autorizar la utilización del permiso de vehículos de motor integrado permanentemente en la aplicación CESCO Digital como una herramienta suplementaria o sustitutiva para transitar por las vías públicas.
Asimismo, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto de la Cámara 1217, que tiene el fin de eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble todo alimento apto para el consumo humano que sea donado a entidades sin fines de lucro autorizadas para operar en Puerto Rico.
La medida del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, incluye bancos de alimentos, comedores sociales, organizaciones comunitarias y otras entidades dedicadas a la distribución de alimentos a personas necesitadas.





