CODEPOLA rechaza proyecto cameral que permitiría ocupar armas legales en disputas civiles
La organización advirtió que la pieza legislativa altera la naturaleza de un procedimiento civil diseñado para atender disputas privadas de forma expedita
La Corporación para la Defensa del Poseedor Legal de Armas (CODEPOLA) expresó su oposición firme y decidida al Proyecto de la Cámara 1168, medida que propone la ocupación de armas de fuego legalmente poseídas cuando una persona esté involucrada en determinados procedimientos civiles tramitados bajo la Ley 140-1974.
La organización advirtió que la pieza legislativa altera la naturaleza de un procedimiento civil diseñado para atender disputas privadas de forma expedita, transformándolo en un mecanismo que podría conllevar la privación automática de derechos sin que medie una determinación de conducta delictiva, peligrosidad real o incumplimiento con la ley de armas vigente.
El presidente de CODEPOLA, Ariel Torres, sostuvo que la propuesta legislativa “parte de una premisa equivocada al asumir que la mera existencia de una controversia civil justifica la ocupación preventiva de armas legales”.
“En Puerto Rico los poseedores legales de armas cumplen con requisitos rigurosos, evaluaciones y controles establecidos por ley. No se puede equiparar una disputa civil con una conducta criminal ni convertir un procedimiento sumario en una sanción anticipada”, expresó Torres.
CODEPOLA señaló que el ordenamiento jurídico ya contempla herramientas específicas para atender situaciones donde exista riesgo real para la seguridad, incluyendo disposiciones que permiten la ocupación de armas en contextos claramente definidos. Sin embargo, extender esa facultad a escenarios civiles generales sin criterios objetivos ni determinaciones individualizadas podría vulnerar principios básicos de debido proceso.
“Cualquier restricción de derechos debe estar basada en evidencia concreta, evaluación judicial individualizada y parámetros claros. Lo contrario abre la puerta a decisiones automáticas que afectan al ciudadano responsable que ha cumplido con todos los requisitos legales”, añadió el presidente de la organización.
La entidad también expresó preocupación por la falta de claridad en torno a los términos, salvaguardas procesales y mecanismos de restitución de derechos una vez finalizado el procedimiento civil. A juicio de CODEPOLA, una legislación que impacta derechos fundamentales debe estar redactada con precisión y garantías explícitas.
Torres enfatizó que la seguridad pública es un objetivo legítimo, pero insistió en que “la solución no puede ser ampliar de manera indiscriminada la ocupación de armas legales sin distinguir entre quien representa un riesgo real y quien simplemente está envuelto en una controversia privada”.
Adicionalmente, CODEPOLA anunció que estará solicitando formalmente la eliminación de las enmiendas propuestas por la Policía de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 1138, las cuales pretenden imponer el requisito de tres referencias personales al momento de solicitar una licencia de armas. La organización sostuvo que dicho requisito no fortalece la seguridad pública y, por el contrario, añade cargas subjetivas e innecesarias a ciudadanos que ya cumplen con criterios objetivos establecidos por ley. “No apoyaremos medidas que conviertan el proceso de licencia en uno discrecional o basado en percepciones personales. La evaluación debe fundamentarse en parámetros claros, verificables y uniformes”, afirmó Torres.
CODEPOLA anunció que participará activamente en el proceso legislativo para presentar análisis técnicos y jurídicos que protejan tanto la seguridad pública como los derechos de los ciudadanos cumplidores de la ley.
“Nos oponemos tenazmente al Proyecto de la Cámara 1168 porque crea un precedente peligroso. Defenderemos con firmeza el equilibrio entre seguridad y libertad, sin permitir que el miedo sustituya el debido proceso”, concluyó Ariel Torres.
CODEPOLA reiteró su compromiso con la defensa responsable de los derechos de los poseedores legales de armas y con el fortalecimiento de políticas públicas que respeten las garantías constitucionales.
