Comisión evalúa medida para trastocar los llamados “swipe fees”

La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus a cargo del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, llevó a cabo una vista pública con base en el Proyecto del Senado 675, para prohibir el cobro de tarifas adicionales conocidas como swipe fees por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.

“Esto es una medida que protege tanto al comerciante como al consumidor. Por lo menos esa es la intención legislativa… Hacemos el disclaimer de que hay alrededor de 27 jurisdicciones en los Estados Unidos que ahora mismo están dentro del proceso de analizar estas medidas, siendo Illinois la primera en aprobar esta medida. Ha sido retada por varias instituciones en el caso que está a nivel federal en este momento. Ha sido suspendida la ley que se había aprobado en Illinois por lo menos hasta julio del 2026. Hay estados que han decidido no continuar y otros, como en el caso del territorio de Puerto Rico, que estamos evaluando la medida con propósito de tener más información”, indicó Ríos Santiago aclarando que la medida no tendrá un trato ‘fast track’.

La pieza legislativa, de la autoría de Ríos Santiago, busca enmendar los Artículos 1, 2 y 3, añadir un nuevo Artículo 4 y reenumerar el actual Artículo 4 como Artículo 5 de la Ley 150-2008, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta”; enmendar el Artículo 1.1 y 3 de la Ley 42-2015, según enmendada, conocida como “Ley para que Toda Persona Natural o Jurídica que Preste Servicios Provea al Menos Dos (2) Alternativas de Pago a sus Clientes. De esta forma, se busca prohibir que procesadores de pagos y comerciantes cobren tarifas adicionales sobre IVU, propinas y donaciones.

Compareció a la audiencia, el licenciado Cirilo Cruz Tejada en representación de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), quien favoreció la medida. “El Proyecto del Senado 675 representa una medida de equidad, transparencia y competitividad. Su aprobación corrige una práctica onerosa que afecta a todo el ecosistema comercial en beneficio de un solo sector, protege al consumidor al eliminar costos ocultos y alinea a Puerto Rico con las tendencias regulatorias más modernas en Estados Unidos”.

En la misma línea, Cruz sostuvo que los swipe fees que excluyan montos de impuestos y propinas son los que cubren el verdadero servicio que se está prestando. “Lo demás es simplemente enriquecimiento injusto. Si Puerto Rico contara con un sistema contributivo distinto al IVU, como lo era previo al 2006 cuando se aprobó el IVU en la Isla, los swipe fees no incluirían los montos que el PS 675 pretende eliminar”. 

También, a favor se expresó la licenciada Brenda Pérez de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). “Aunque el PS675 no constituye una materia de fiscalización dentro de la jurisdicción primaria de la OCS, su correcta implantación podría tener un impacto directo en los asegurados que como consumidores venimos llamados a proteger bajo el Código de Seguros. La eliminación de swipe fees injustificados garantiza que los asegurados (en calidad de consumidores) reciban la totalidad de la cobertura contratada y que ninguna prima, beneficio o indemnización se vea reducida por cargos indebidos. 

En la misma línea, la deponente señaló varias recomendaciones para la medida. Las enmiendas son el reconocimiento expreso de la coordinación inter agencial para asegurar uniformidad en la aplicación de la medida; aclarar que las prohibiciones de cargos adicionales no afectan impuestos, recargos o tasas regulatorias expresamente autorizadas por ley sobre primas de seguros; establecer en la reglamentación correspondiente que no podrán imponerse cargos que reduzcan el monto de la prima de seguros, beneficios o indemnizaciones de los asegurados cuando se utilicen instrumentos de pago electrónicos.

Igualmente, se presentó a deponer Steve Rauschenberger, exsenador del estado de Illinois. “Reconozco que todo lo que podamos hacer para reducir los costos al consumidor es positivo a largo plazo. Pero también es positivo a largo plazo que el cliente cuente con una tarjeta de crédito segura, que se sienta cómodo, que no tenga que ir constantemente a cajeros automáticos para obtener efectivo. Si se piensa en los costos evitados y los beneficios adicionales que obtiene el cliente al usar la tarjeta de crédito, se entiende mejor”, manifestó el deponente. 

De otro lado, compareció Mabel Jiménez, presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC), quien indicó no endosar la medida. “Entendemos que es loable la intención legislativa con la medida propuesta, pero en este momento COSSEC no endosa el PS675 ya que puede ser impugnado en los tribunales federales como en el caso de Illinois. Además, podría tener efectos adversos para los consumidores en el aumento de costos indirectos al cargárseles el costo que conlleve la programación de la maquinaria para llevar a cabo los propósitos del PS675”, dijo Jiménez. 

Ríos Santiago preguntó sobre los servicios de tarjetas de créditos en las cooperativas. Jiménez mencionó que “no todas las cooperativas tienen el servicio de tarjetas de crédito por su tamaño y la cantidad de activos… El servicio se da a través del Banco Cooperativo de Puerto Rico”. 

También, acudió a la audiencia la licenciada Mónica Rodríguez, en representación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) quien no apoyó el proyecto como está redactado. “Estamos posicionando a Puerto Rico como jurisdicción en desventaja. Esto representa un cambio drástico en lo que es la estructura de pagos que conllevaría a unos gastos de programación que terminaría redundando en el propio consumidor. Las herramientas de prevención de fraude y ciberseguridad que se utilizan actualmente serían trastocadas y representan una carga desproporcional en instituciones más pequeñas”, indicó la deponente quien abogó por una coalición.

Ríos Santiago preguntó si pueden regular esa legislación que se convierte en ley. La deponente indicó que cada institución tendría que adoptar, regular se puede, pero no sé qué impacto tendría en los programas. “Cada institución tendría que adoptar, entonces habría que cambiar los sistemas y los procedimientos que tienen internamente”, dijo Rodríguez. 

La senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó si entiende que el consumidor se beneficiaría al eliminar estos pagos. Rodríguez respondió que no. “Pueden pasar dos cosas. Que la institución financiera absorba el costo de procesar la propina y el recaudo. Esto surge porque por los bancos nacionales, no son bancos locales puertorriqueños, el absorber eso asciende a millones de millones de dólares”. 

A preguntas de Padilla sobre fiscalización, la deponente señaló que tendrían que hacer varios cambios a los procesos. “Esos fees se cobran por una razón y es para proteger a las propias entidades, por eso es que el eliminarlo encarecería ese procesamiento y por otro lado terminaría de forma indirecta en el consumidor”, añadió Rodríguez. 

En su turno, la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino, preguntó qué enmiendas propone para darle paso a la medida en protección del consumidor. Rodríguez respondió que la medida es muy amplia, hay que limitarla. “Hay que entender un poco mejor el procesamiento. Por eso hablé de la coalición. Hay que entender qué es lo que está incluido ahí y qué es lo que se quiere con la medida si es el IVU o la recolección de propinas”, dijo la deponente. 

Igualmente, en oposición a la medida compareció la licenciada Zoimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos. “Se trata aquí de intervenir con un asunto medular en el funcionamiento del uso de tarjetas de crédito y débito en nuestra jurisdicción, que tendría un serio impacto adverso en el sistema de pagos de Puerto Rico y, por ende, en la economía en general”, mencionó Álvarez. La deponente añadió que el fee que se cobra “es por un servicio que se está dando”. 

En iguales términos, mostró reservas con la medida la licenciada Yasiris Torres, en representación del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO). “El PS675, aunque bien intencionado, podría resultar en consecuencias perjudiciales tanto desde el punto de vista constitucional como económico. En lugar de avanzar una regulación que pueda ser declarada inconstitucional o redundante frente al marco federal ya existente”, dijo Torres. A su vez, la deponente recomendó explorar un enfoque alterno que refuerce la educación financiera del consumidor, fortalezca los mecanismos de divulgación y promueva la cooperación con las entidades reguladoras con peritaje en la materia.