Comisión senatorial evalúa medida sobre Inteligencia Artificial
ASG favorece la medida para mejorar procesos de fiscalización
Vista Pública en el Senado. Foto: Suministrada
La Comisión de Gobierno que preside el senador Ángel Toledo López, en conjunto con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial que preside el senador Wilmer Reyes Berrios, mediante vista pública pasaron revista sobre el Proyecto del Senado 731, que busca transformar la manera en que el gobierno lleva a cabo sus procesos de compras y subastas, mediante la creación de la “Ley de Subastas Públicas con Inteligencia Artificial y Transparencia Gubernamental de Puerto Rico”.
La medida propone centralizar la totalidad de las compras, adquisiciones y subastas públicas bajo la Administración de Servicios Generales (ASG), estableciendo como obligatorio el uso de la plataforma JEDI (Joint E-procurement Digital Intelligence) en todas las agencias, departamentos y corporaciones públicas. Además, promueve la incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para detectar irregularidades, validar documentos y optimizar los procesos de adquisición.
“Este proyecto 731 lo que busca es extender este programa para continuar abonando a la transparencia de las compras del gobierno de Puerto Rico. Es un requisito que hemos establecido como cuestión de gobierno, pero también es un requisito que se ha impuesto sobre los procesos de procurement en Puerto Rico para garantizar que los dineros federales y estatales se utilizan adecuadamente y que hay transparencia, que la gente lo puede ver”, destacó Toledo.
Compareció a deponer la licenciada Karla Mercado, directora de la Administración de Servicios Generales (ASG) quien favoreció la medida. “Reiteramos que la ASG favorece la aprobación de esta medida legislativa, la cual reafirma el mandato de la Ley Núm. 73-2019 y otorga a la Administración jurisdicción exclusiva sobre las prácticas, métodos y procesos de compras, subastas y adquisiciones, eliminando la posibilidad de prácticas descentralizadas”, indicó.
Asimismo, Mercado sostuvo que el uso obligatorio de la plataforma JEDI, la cual ya ha sido probada por la ASG, garantizará que cada etapa de los procesos de adquisición quede registrada electrónicamente, en pro de una mejor fiscalización de las compras gubernamentales y de una mayor visibilidad de dichos procesos.“La integración de recursos de inteligencia artificial en estos procesos será de utilidad para la detección de patrones irregulares, conflictos de interés o posibles malversaciones de fondos públicos”, añadió Mercado.
Por su parte, Reyes, quien es autor de la medida, mencionó que “este proyecto nace de la Resolución Conjunta del Senado 16. Esa Resolución Conjunta buscaba que algo similar a JEDI, que PRITS lo realizara y se lo diera a ustedes [ASG]. En la búsqueda de la aprobación de esa Resolución, usted nos hace una invitación para que veamos este programa, que me pareció excelente. Ahora bien, la resolución fue aprobada por unanimidad en Senado, Cámara, y recibió el veto del Ejecutivo debido a que era uno de costo por la forma que estaba redactado. Ahora bien, se redacta este PS731, que lo que hace es darle el poder a ustedes”.
Al mismo tiempo, Reyes preguntó a la deponente qué costo tendría entonces implementar esta ley para la ASG. “Nosotros hicimos un resumen de costos pero ciertamente este programa, desarrollarlo completo con todos los sistemas de información no pasa de los $5 millones. Es un sistema que impacta a todas las agencias de gobierno”, respondió Mercado.
La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cuál es el reto actual que puede ayudarle a resolver la aprobación de esta medida. Mercado dijo que “ahora mismo el reto es devolver precisamente la autonomía a las agencias. Cuando le decimos a las agencias, tienen que levantar ustedes mismos sus órdenes de compra contra los contratos dicen que no quieren hacer eso... Se espera que con inteligencia artificial el proceso sea más sencillo y menos burocrático”, afirmó Mercado.
De otro lado, asistieron a la audiencia Osvaldo Guzmán, en representación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el licenciado Roberto Rivera de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF). Ambas agencias presentaron una ponencia conjunta indicando reservas a la pieza legislativa. “El Plan Fiscal certificado, en su sección 3.1.7.5, establece que el Gobierno implementará un sistema abarcador para estos y otros fines. Por consiguiente, de entrada, esta medida representa un conflicto y duplicidad con los esfuerzos que se están llevando a cabo en cumplimiento con dicho Plan Fiscal”.
A su vez, Guzmán indicó que basado en dicha Sección del Plan Fiscal, “la implementación del sistema ERP y sus herramientas avanzadas optimiza la validación de documentos, permite detectar irregularidades en tiempo real, asiste en pronósticos de precios y demanda y facilita la rendición de cuentas. Asimismo, promueve la estandarización de procesos entre agencias y corporaciones públicas, lo que incrementa la eficiencia administrativa y consolida la visión de un gobierno digital y coordinado”.
En la misma línea, el deponente señaló que desde el punto de vista de competencias técnicas de OGP en asuntos presupuestarios, “entendemos que la implantación del PS731 no solo requiere identificar fuentes de financiamiento recurrentes y sostenibles, sino que, a su vez, constituye un gasto adicional al esfuerzo que está en desarrollo para la implementación del ERP”.
Toledo preguntó por qué no se usa entonces el JEDI 2.0 si el ERP no está funcionando. “El gobierno se está moviendo a un proyecto integrado”, dijo Guzmán. También, respondió el licenciado Pedro De Jesús en representación de AFFAF para hablar sobre el sistema ERP. “Esto es meramente una cuestión contractual con relación a un proyecto que incluye tres módulos, que entre esos módulos está el de recursos humanos, el módulo de finanzas con compras, donde para que nosotros podamos cumplir con el término establecido en la ejecución de este contrato y que podamos tener éxito en él, dado que, aunque no lo considero un proyecto fallido, lo considero un proyecto que no se pudo manejar por relaciones mínimas”, explicó De Jesús añadiendo que comenzaron a trabajar con el ERP en marzo de este año.
En esos términos Toledo indicó que “yo lo que escucho desde una esquina hasta la otra es que los dos programas son integrables, uno no riñe con el otro. Yo no veo problemas con eso, todo lo contrario. Veo que hay disposición para dialogar y hacer que una cosa se integre con la otra. Yo creo que en esa dirección es que tenemos que movernos”.
