Comisionado residente presenta medida federal para investigar la violencia de género en Puerto Rico
El proyecto fue desarrollado junto a Coordinadora Paz para la Mujer y el Observatorio de Equidad de Género
Foto: Suministrada
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, presentó el martes el Violence Impact and Vulnerabilities Assessment Study Act (VIVAS Act), un proyecto dirigido a investigar la violencia de género en Puerto Rico y a producir datos accesibles y contextualizados para atender la crisis.
“En Puerto Rico, la violencia de género es una emergencia nacional que nuestras comunidades llevan años denunciando, aun cuando las instituciones no han respondido con la urgencia necesaria. El VIVAS Act es un paso para responder a ese llamado. Si de verdad queremos salvar vidas, necesitamos datos claros, transparencia y una coordinación real entre el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico y las organizaciones que llevan décadas trabajando en nuestras comunidades”, dijo Hernández Rivera en declaraciones escritas.
El proyecto fue desarrollado junto a Coordinadora Paz para la Mujer y el Observatorio de Equidad de Género. La directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer, Vilma G. González Castro, indicó que la disponibilidad de datos claros y precisos es esencial para establecer políticas públicas dirigidas a las necesidades reales de las víctimas y sobrevivientes.
Según explicó Hernández Rivera, la medida ordena al Contralor General realizar un estudio integral sobre las causas y dinámicas de la violencia de género en Puerto Rico. El análisis incluirá cómo desastres naturales, crisis económicas, normas culturales y fallas de infraestructura influyen en los patrones de violencia, así como la efectividad de la Policía y los servicios sociales en la protección de sobrevivientes.
El estudio evaluará además la necesidad de unificar los sistemas de datos entre entidades federales y locales y analizará la efectividad de las políticas del Gobierno de Puerto Rico dirigidas a la prevención y respuesta a feminicidios.
El informe final deberá publicarse en inglés y español e incluir recomendaciones para fortalecer la prevención, mejorar la respuesta gubernamental y establecer sistemas de datos públicos y transparentes.
