Congresista puertorriqueño reabre el debate sobre el estatus y provoca choque entre Pablo José y Dávila Pernas

El debate sobre el futuro político de Puerto Rico volvió a encenderse luego de que el congresista demócrata Darren Soto afirmara que está dispuesto a considerar la inclusión del estatus territorial en un nuevo proyecto de estatus, siempre y cuando responda a la realidad política del Congreso y cuente con el insumo de las principales figuras electas en Puerto Rico, incluyendo la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente Pablo José Hernández. Sus declaraciones, ofrecidas a un rotativo de circulación general desataron reacciones inmediatas y encontradas en el liderato político local.

Soto, congresista del estado de la Florida y de ascendencia puertorriqueña, había sido uno de los defensores del Puerto Rico Status Act aprobado en la Cámara de Representantes en 2022, pero reconoció que el proyecto 8393 no logró avanzar en el Senado porque requiere 60 votos, una cifra que consideró inalcanzable en la composición actual. Ante ese escenario, indicó que está evaluando opciones que podrían incluir nuevamente el status territorial como parte del “menú completo” de alternativas para una futura consulta.

Las expresiones del congresista generaron varias reacciones, comenzando por el comisionado residente Pablo José Hernández, quien adoptó una postura más cautelosa. Hernández agradeció la deferencia de Soto, pero reiteró que sus prioridades inmediatas son el costo de vida, la reconstrucción energética y la paridad en fondos federales. Aun así, afirmó que, si el tema del estatus volviera a abrirse en el Congreso, defendería una opción de “ELA mejorado”, basada en su propuesta “La Nueva Ruta”, que promueve “mayor autonomía económica, más participación federal y un vínculo permanente con Estados Unidos”.

Pero donde surgió la reacción más dura fue en el Partido Demócrata de Puerto Rico. Su presidente, Luis Dávila Pernas, condenó con fuerza la idea de reinsertar el estatus territorial en un próximo proyecto de estatus, calificándola como un “retroceso” e interpretando las expresiones de Soto como resultado de haber elegido, por primera vez en décadas, a un comisionado residente “que no cree en el progreso ni en la descolonización de Puerto Rico”. Dávila Pernas reafirmó el apoyo total del partido al Puerto Rico Status Act, señalando que es la única propuesta avalada por el Congreso que presenta opciones no territoriales y vinculantes.

El presidente demócrata insistió en que reabrir la puerta al estatus territorial, rechazado en las urnas en múltiples ocasiones, “perpetuaría el estancamiento” que —según él— ha frenado el desarrollo económico de la Isla e incluso ha permitido la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal. Aseguró además que trabajará junto a Soto y a los coauspiciadores originales del proyecto 8393 para mantener intacto el carácter anticolonial de la medida tal y como fue aprobada por la Cámara.

La controversia se desarrolla en un contexto donde los últimos cuatro plebiscitos celebrados en Puerto Rico han favorecido la Estadidad, aunque ninguno ha sido vinculante ante el Congreso. Precisamente esa dinámica, combinada con un Senado federal donde no existen los votos necesarios para mover ninguna opción, ha llevado a congresistas como Soto a admitir públicamente que deben evaluar alternativas realistas para que el proceso avance.

Soto sostuvo en su entrevista que, sin consenso y sin votos suficientes en el Senado, cualquier proyecto de estatus corre el riesgo de convertirse nuevamente en un ejercicio simbólico sin consecuencias. Por ello, anticipó que celebrará reuniones con la gobernadora González, con la delegación congresional boricua y con Hernández, con el fin de identificar un marco viable para la próxima sesión legislativa.