Evalúan crear Registro de Antenas y Torres de Telecomunicaciones

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, presidida por el senador Héctor “Gaby” González López, realizó en la mañana de hoy una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 173 que propone enmendar la Ley 89-2000 para crear un Registro de Antenas y Torres de Telecomunicaciones y ordenar un estudio científico sobre los posibles efectos a la salud de la radiación electromagnética.

La medida, de la autoría de la senadora Ada Álvarez Conde, crearía un Registro a cargo del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico e incluiría datos clave como la ubicación exacta de las torres, su fecha de construcción, la cantidad de antenas instaladas y el espacio disponible para co-ubicación.

El presidente interino del Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, el ingeniero Ferdinand Ramos Soegaard expresó estar a favor con la medida, ya que según explicó, actualmente existen antenas y torres de las cuales se desconocen pues no tienen jurisdicción.

“El P. del S. 173, busca, en cuanto a lo concerniente al Negociado, establecer por ley un registro que hasta hoy se rige por una Orden Administrativa. A esos efectos, el Proyecto requiere que los dueños de torres o las compañías de telecomunicaciones, según aplique, provean bajo juramento la información de: coordenadas y dirección física de cada torre; fecha de construcción; y cantidad de antenas instaladas en cada torre y espacio disponible para la co-ubicación”, indicó Ramos Soegaard.

Sin embargo, siendo la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), quienes otorgan los permisos, y estos, ya solicitan durante el proceso de permisos la información que pretende requerir el P. del S. 173, el presidente interino del Negociado sugirió que se enmiende la medida para que la agencia que otorga el permiso tenga la obligación de remitir al Negociado dicha información.

En este sentido, a preguntas de la senadora Álvarez Conde, el ingeniero Ramos Soegaard comentó que, aunque su agencia ha recibido documentación y memoriales respecto al daño que hacen estas antenas o torres, es la OGPe quien las certifica y brinda los permisos para su construcción.

“De igual forma, y en aras de mantener un registro actualizado, se debe requerir, que luego de la otorgación del permiso, las compañías tengan la obligación de notificar al NET, cuando haya cambios en los espacios disponibles para antenas en las torres ya registradas”, añadió.

Asimismo, Ramos Soegaard recomendó a la Comisión realizar una enmienda para otorgarle al Negociado jurisdicción sobre las compañías privadas que son dueñas de antenas; de este modo, podrían tener más control y fiscalización sobre estas.

Por otro lado, el senador José “Josian” Santiago Rivera mostró preocupación por la salud pública a raíz del electromagnetismo que puede generar enfermedades en las comunidades cercanas a estas torres que generan señales y ondas electromagnéticas.

“El motivo que busca esta legislación es responderle a la ciudadanía por la cercanía con las residencias, la seguridad y la salud de nuestra población. Pero cuando los escucho a ustedes, en lugar de aclarar las preocupaciones que podamos tener, lo que hace es generarnos más”, sentenció el senador Santiago Rivera.

“El Negociado no regula ni vela por la salud”, respondió Ramos Soegaard al momento en el que el senador José “Josian” Santiago le cuestionó sobre el impacto salubrista.

Cabe destacar que, según ilustró el presidente de la Comisión, González López, la mayoría de las antenas y torres son administradas por entidades privadas que no se rigen por las normas y guías del Negociado de Telecomunicaciones. Entendiendo que es la Federal Communication Commission (FCC) quien lo regula a nivel federal.

Términos salubristas

El proyecto también ordena al Departamento de Salud a realizar un estudio científico sobre los efectos a la salud de la radiación electromagnética y ondas radiales en Puerto Rico. Actualmente, no existen investigaciones locales sobre el tema ni mecanismos de vigilancia por parte de las autoridades de salud.

El estudio deberá incluir recomendaciones sobre la distancia segura entre las torres y estructuras residenciales ya que, según la autora de la medida, actualmente en Puerto Rico la distancia es menor que en otras jurisdicciones. La senadora explicó que la distancia está contemplada a manera de seguridad física y no por razones electromagnéticas. 

La asesora de Asuntos Legislativos y Política Pública del Departamento de Salud, Elisa Muñoz explicó que, aunque reconoce la intención positiva de la medida no poseen jurisdicción para la supervisión de este tipo de estructuras involucradas en el proceso de obtención de permisos.

“Nuestra agencia no tiene la competencia ni el conocimiento especializado necesario para supervisar o, en el caso del proyecto mencionado, evaluar los efectos sobre la salud de la radiación electromagnética y las ondas de radio en Puerto Rico, que son emitidas por estas antenas o torres de telecomunicaciones”, indicó Muñoz.

En este sentido, recomendó a la Comisión, delegar estas funciones en los programas de la Universidad de Puerto Rico quienes podrían contar con la experiencia y conocimientos en el área.

“Dado a la naturaleza del estudio, sugerimos a la honorable legislatura que considere delegar en la Universidad de Puerto Rico y sus programas graduados especializados este estudio. Son ellos quienes sí cuentan con el peritaje y el conocimiento experto para cumplir con éxito esta encomienda”, expresó.

Sin embargo, añadió que la ejecución de un estudio de esta naturaleza requiere la disponibilidad de recursos económicos, no contemplados en la legislación. A su vez, Munoz se mostró abierta a la colaboración siempre y cuando existan los fondos disponibles y puedan considerarse los “costos asociados al equipo de campo encargado de la recolección de datos, así como su manejo y análisis, para documentar de manera adecuada cualquier problemática relacionada con la salud pública”.

Esta iniciativa surge a petición de comunidades contra la proliferación de antenas en áreas urbanas y su posible impacto en la salud y calidad de vida de los residentes.