Ex miembros de la Junta de Supervisión Fiscal demandan a Trump
El pleito, que pide también costos legales y honorarios, será ventilado en SJ, donde se determinará si los miembros cesados deberán ser reinstalados.
El presidente de EE.UU., Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO
Tres ex integrantes de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) presentaron una demanda en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios de la Casa Blanca, tras ser removidos de sus cargos mediante correos electrónicos sin que se les indicara causa alguna.
Los demandantes son Arthur J. González, expresidente del Tribunal de Quiebras de Nueva York; Andrew G. Biggs, experto en pensiones y académico del American Enterprise Institute; y Betty A. Rosa, actual comisionada de Educación y presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York. Todos habían sido nombrados o re-nombrados en distintos momentos por presidentes de ambos partidos, incluyendo Barack Obama, Trump y Joe Biden, con términos que vencían en 2027.
Según la demanda, el 1 de agosto de 2025 González y Rosa recibieron un mensaje de un funcionario de la Oficina Presidencial de Personal notificándoles su destitución inmediata. El 13 de agosto, Biggs recibió una comunicación idéntica. En ninguno de los casos se alegó “causa”, requisito establecido por la ley federal PROMESA que creó la JSF y que limita al presidente a cesar miembros únicamente bajo justificación válida.
Los exmiembros sostienen que la medida es ilegal y viola varias disposiciones constitucionales y estatutarias. Argumentan que la Junta fue creada como parte del gobierno territorial de Puerto Rico bajo el poder del Congreso y no constituye un organismo del poder ejecutivo federal. Por lo tanto, el presidente carecería de facultad para destituir a sus integrantes de forma discrecional.
La querella plantea ocho causas de acción, incluyendo violación a la Ley PROMESA, privación de debido proceso bajo la Quinta Enmienda, exceso de autoridad administrativa y quebrantamiento del principio de separación de poderes. Además, solicitan un interdicto que les restituya en sus puestos, un mandato judicial que impida su sustitución y una declaración de que las remociones carecen de validez.
Los demandantes advierten que, de permitirse esta interpretación, el presidente podría cesar a cualquier funcionario territorial o del Distrito de Columbia sin restricciones, socavando la autonomía que el Congreso otorgó a los gobiernos locales. El pleito, que pide también costos legales y honorarios, será ventilado en San Juan, donde se determinará si los miembros cesados deberán ser reinstalados.
