Exigen investigación contra Yesmín Valdivieso por posible persecución selectiva

Una carta enviada hoy a la nominada a Contralor de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, solicita que investigue posibles actuaciones de persecución selectiva cometidas durante la incumbencia de la todavía contralora Yesmín Valdivieso y el auditor Charlie Febus Sepúlveda en contra del exsecretario de Justicia, Antonio M. Sagardía De Jesús.

El documento, firmado por el abogado Carlos J. Sagardía Abreu, acusa a Valdivieso y a Febus de haber participado en la supuesta fabricación de un caso criminal contra su cliente en 2010. Según se detalla, la auditoría realizada en aquel entonces sobre gastos de viaje y representación del Departamento de Justicia no arrojó evidencia de conducta delictiva, pero aun así se habría referido de manera indebida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), resultando en cargos que posteriormente fueron desestimados en su totalidad por el Tribunal de Primera Instancia.

Sagardía Abreu sostiene que el testimonio del auditor Febus fue descartado en el proceso judicial y que las actuaciones de la oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) de esa época “atentaron contra todos los parámetros de razonabilidad aplicables a la auditoría gubernamental”. Asimismo, subraya que el proceder levantó dudas sobre presiones políticas externas o posibles beneficios indebidos que pudieron haber influido en las decisiones .

La carta también cuestiona las expresiones públicas recientes de Valdivieso, quien tras dejar el cargo alegó haber recibido presiones políticas de dos secretarios de Justicia —a quienes nunca identificó—, sin presentar pruebas documentadas o declaraciones juradas que respaldaran tales denuncias. Para Sagardía Abreu, esas manifestaciones son “acomodaticias” y contrastan con la manera en que la OCPR actuó contra su cliente en 2010 .

El abogado pidió a la nominada Vega Fournier que se expidan citaciones internas para que tanto Valdivieso como Febus testifiquen bajo juramento sobre las circunstancias en que se dio el referido a la OPFEI. A su juicio, aunque ya no sea viable iniciar procesos criminales contra los funcionarios involucrados, la OCPR debe asumir responsabilidad institucional y establecer correctivos para evitar que se repitan “injusticias y abusos de poder similares en el futuro”.

La comunicación concluye con un llamado a salvaguardar la credibilidad de la Contraloría, subrayando que el pueblo de Puerto Rico “merece conocer de primera mano si se actuó en violación a los deberes públicos o bajo presiones ajenas a los propósitos de la OCPR”.