Gobernadora convierte en ley medida relacionada a adultos mayores

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó tres proyectos de ley y dos resoluciones conjuntas dirigidas a atender asuntos sociales, de justicia administrativa y desarrollo regional, particularmente en los municipios de Aguadilla y Las Marías. Además, la mandataria informó que se reservó el derecho de firmar varias medidas adicionales, citando consideraciones fiscales, administrativas y constitucionales.

Uno de los proyectos firmados fue el Proyecto del Senado 649, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y de la senadora Wanda Soto, con la coautoría del senador Gregorio Matías. La nueva ley amplía el alcance de la Ley de Alianzas Público-Privadas para permitir que, mediante este modelo, se desarrollen proyectos de vivienda, hogares sustitutos, hogares grupales y centros de cuido prolongado para adultos mayores. La medida también autoriza la reutilización de edificios gubernamentales y escuelas en desuso, promoviendo el aprovechamiento de infraestructura existente y el fortalecimiento de servicios de vivienda digna para esta población.

La gobernadora también firmó el Proyecto del Senado 694, presentado por el senador Héctor González López y coautorizado por los senadores Marissa Jiménez, José Santiago, Ada Álvarez Conde, Héctor Joaquín Sánchez, Luis Daniel Colón, Wilmer Reyes y Karen Román. Esta legislación enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para establecer que ningún conductor o propietario podrá ser responsabilizado por multas o infracciones ocurridas antes de figurar como titular registral del vehículo, prohibiendo además bloqueos o gravámenes por deudas atribuibles a dueños anteriores.

Asimismo, González Colón estampó su firma en el Proyecto del Senado 504, también presentado por Rivera Schatz y coautorizado por los senadores Joanne Rodríguez Veve, Brenda Pérez y Wilmer Reyes. La medida enmienda el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que el ser humano en gestación o nasciturus es considerado persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

En el ámbito de desarrollo regional, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta del Senado 73, de la autoría de la senadora Karen Román, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de los Puertos y la Autoridad de Carreteras a rendir un informe detallado sobre la rotulación, marcadores y luminarias en las carreteras aledañas a la Base Ramey, el Aeropuerto Rafael Hernández y la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. La medida también requiere la presentación de un plan de trabajo a corto y mediano plazo para atender deficiencias de infraestructura en la zona.

De igual forma, se convirtió en ley la Resolución Conjunta de la Cámara 30, presentada por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación liberar restricciones de preservación e indivisión sobre un predio de terreno en el Proyecto Mayagüecillo, en el barrio Maravilla Sur de Las Marías, atendiendo una situación que impacta a múltiples familias residentes en el área.

No obstante, la gobernadora informó que se reservó el derecho de firmar varias medidas legislativas adicionales. Entre ellas, el Proyecto del Senado 163, relacionado con la creación de la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico”, al señalar que, aunque respalda sus principios, la propuesta tiene un impacto fiscal indeterminado que requiere ajustes. También dejó sin firmar el Proyecto del Senado 346, sobre rotulación de descuentos a veteranos, al entender que impone cargas indebidas a la empresa privada, así como el Proyecto del Senado 351, referente a la incautación de embarcaciones no reclamadas, por carecer de un debido procedimiento administrativo.

La mandataria también se reservó el Proyecto del Senado 456, relacionado con el cobro de estorbos públicos por parte del CRIM, al advertir sobre su posible impacto negativo en las finanzas municipales, y el Proyecto del Senado 515, que proponía clasificar a ciertos profesionales de la conducta humana como personal de primera respuesta, al señalar que podría conllevar un impacto fiscal considerable.

Según se informó, varias de estas medidas podrían ser reconsideradas una vez se atiendan las recomendaciones técnicas y fiscales planteadas por las agencias concernidas.