Gobernadora impulsa nueva política pública para fortalecer la investigación clínica

la gobernadora Jenniffer González Colón firmó una nueva Orden Ejecutiva que establece la política pública dirigida a fortalecer la investigación clínica, promover el desarrollo de ensayos clínicos controlados y ampliar la capacidad científica del sistema de salud de Puerto Rico en materia de terapias emergentes.

La mandataria firmó la Orden Ejecutiva 2026-037 junto al secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, la directora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la doctora Catherine Oliver Franco, el licenciado Agustín Montañez Allman, procurador del Veterano y sectores de salud de la empresa privada.

La iniciativa reconoce la necesidad de preparar a Puerto Rico para participar de manera responsable y competitiva en investigaciones clínicas de vanguardia, conforme a la evidencia científica disponible y al marco regulatorio estatal y federal aplicable. La Orden Ejecutiva también dispone la evaluación de la conveniencia y viabilidad de establecer un Programa Piloto de Investigación Clínica en Terapias Emergentes, cuyo objetivo será fortalecer la infraestructura científica y regulatoria de la Isla, sin autorizar el uso clínico rutinario de dichas terapias.

"La innovación científica representa una oportunidad para transformar el futuro del sistema de salud de Puerto Rico. Nuestra responsabilidad es preparar a la Isla para participar en las investigaciones que definirán los tratamientos del mañana, siempre con el mayor rigor científico, ético y regulatorio. Con esta Orden Ejecutiva nos encaminamos a convertir a Puerto Rico en un referente de investigación clínica y abrir nuevas oportunidades para nuestros pacientes, investigadores, profesionales de la salud y veteranos", expresó la gobernadora Jenniffer González Colón. 

La Orden Ejecutiva destaca que Puerto Rico enfrenta importantes retos relacionados con los trastornos de salud mental, las enfermedades neurodegenerativas, los trastornos por uso de sustancias y otras condiciones complejas, por lo que fortalecer la investigación científica constituye una prioridad de política pública.

Asimismo, reconoce que Puerto Rico posee una sólida infraestructura académica, hospitalaria y científica, con universidades, centros de investigación, sistemas hospitalarios y profesionales altamente capacitados que pueden servir de base para ampliar la participación de la Isla en ensayos clínicos multicéntricos nacionales e internacionales.

Como parte de la nueva política pública, se instruye al secretario del Departamento de Salud a liderar una estrategia integral para desarrollar las capacidades científicas, regulatorias y operacionales necesarias para fortalecer la investigación clínica en Puerto Rico. Entre sus responsabilidades estarán evaluar la viabilidad del programa piloto, identificar oportunidades de financiamiento federal y privado, promover alianzas estratégicas y formular recomendaciones de política pública dirigidas a la gobernadora.

La Orden Ejecutiva también crea un Comité Asesor Científico y Regulatorio, adscrito al Departamento de Salud, cuyos integrantes serán designados por la Gobernadora. El organismo estará compuesto por representantes gubernamentales, expertos en investigación clínica, salud pública, bioética, farmacología, neurología, psiquiatría, psicología, asuntos regulatorios y otras disciplinas relacionadas.

Entre las funciones del comité se encuentran evaluar la evidencia científica disponible sobre terapias emergentes, analizar la viabilidad científica, ética, clínica, regulatoria y financiera de un eventual programa piloto; identificar necesidades de infraestructura, capacitación y recursos humanos; recomendar áreas prioritarias de investigación; desarrollar una Agenda Estratégica para fortalecer la investigación clínica en Puerto Rico; y promover oportunidades de colaboración con entidades públicas, privadas, académicas y federales.

La Orden Ejecutiva dispone además que el Departamento de Salud podrá coordinar esfuerzos con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico, universidades, hospitales, organizaciones sin fines de lucro y agencias federales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Instituto Nacional de Salud (NIH), la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y la Administración del Control de Drogas (DEA), entre otras, para fortalecer la capacidad investigativa de Puerto Rico y acceder a nuevas oportunidades de financiamiento y colaboración científica.

Como reconocimiento al servicio de los veteranos puertorriqueños, la Orden Ejecutiva establece que el Departamento de Salud coordinará con la Oficina del Procurador del Veterano iniciativas que faciliten su orientación y eventual participación en investigaciones clínicas, siempre conforme a la evidencia científica, los criterios de elegibilidad y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

La política pública también toma como referencia la Orden Ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, dirigida a acelerar el desarrollo de tratamientos médicos innovadores para enfermedades mentales graves, fomentando la colaboración entre agencias gubernamentales, instituciones académicas y el sector privado.

La nueva Orden Ejecutiva deja expresamente establecido que no autoriza el uso generalizado de terapias emergentes como parte de la práctica clínica en Puerto Rico, incluyendo terapias psicodélicas, ibogaína, psilocibina, MDMA u otros compuestos que continúan bajo investigación. Su propósito es fortalecer la preparación científica e institucional del sistema de salud para participar en investigaciones clínicas responsables y desarrollar recomendaciones fundamentadas para futuras iniciativas de política pública.

El Comité Asesor contará con un término inicial para presentar informes de progreso y deberá rendir un informe final con sus recomendaciones al Departamento de Salud, el cual será evaluado posteriormente por la Gobernadora para determinar las acciones administrativas y de política pública que correspondan.

Con esta iniciativa, la Administración demuestra su compromiso con la innovación, la investigación científica, el fortalecimiento del sistema de salud y el desarrollo de nuevas oportunidades que permitan posicionar a Puerto Rico como un centro de excelencia en investigación clínica y terapias emergentes, siempre dentro del estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.