Gobernadora “le mete tijera” a contrato de escaneo de carga en puerto de San Juan

La gobernadora, Jenniffer González Colón, anunció el lunes la cancelación del contrato del sistema de escaneo de carga en el Puerto de San Juan bajo la empresa S2PR, tras catalogar el acuerdo como oneroso, ineficiente y sin resultados en seguridad ni recaudación contributiva.

“Se han invertido más de 168 millones en resultados proporcionales en seguridad ni recaudados. Además, Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos con este tipo de contrato leonino y oneroso. La cancelación es un ahorro para el pueblo y las futuras generaciones; representa un alivio inmediato a la economía, elimina una carga injusta para consumidores y reafirma nuestro compromiso con la eficiencia, la transparencia y el buen uso de fondos públicos”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La mandataria estuvo acompañada del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, el superintendente de la Policía, Joseph González, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, y representantes de sectores privados como la Asociación de Industriales, MIDA, la Cámara de Comercio, la Asociación de Navieros y empresas como Tote Maritime.

Según la información oficial, entre 2011 y 2024 el contrato costó más de 168 millones de dólares, financiados a través del Enhanced Security Fee que impuso un cargo promedio de 1.2 millones mensuales. Pese al gasto, se detectaron más de 3,400 incongruencias en manifiestos sin que se reportaran incautaciones ni se reflejara un aumento en la recaudación.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos explicó que tras evaluaciones e inspecciones junto a otros sectores, se determinó que el sistema de escaneo no era efectivo y se convirtió en una carga constante para la cadena de suministros. “El actual sistema de inspección de furgones no es efectivo, convirtiéndose en uno inconsecuente y una carga constante para el sector económico, particularmente nuestros consumidores”, sostuvo Negrón.

La cancelación será efectiva en diciembre de 2025. El gobierno aseguró que continuará garantizando la seguridad en los muelles a través de la Policía y protocolos de inspección directa. “Ese costo que se pagaba por un servicio inoficioso ahora pasa como ahorro a la gente”, añadió Negrón.

El contrato, firmado originalmente en 2009, tuvo cinco enmiendas y proyectaba extenderse hasta 2033, con un impacto estimado en 65 millones de dólares anuales a la cadena de suministros. La Junta de Supervisión Fiscal solo aprobó su vigencia hasta diciembre de 2025, lo que abrió paso a la determinación final de cancelarlo.