El secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo junto a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez, el director de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, Orlando Rivera, la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la licenciada María del Mar Mateu Meléndez y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, brindaron una actualización de los logros de esta semana para sus agencias.
Ante el aumento sostenido en las querellas de consumidores sobre la adquisición e instalación de sistemas de placas solares, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunció la creación de una alianza estratégica con el Institute for Building Technology and Safety (IBTS) para desarrollar una agenda educativa enfocada en la protección del consumidor y el fortalecimiento de estándares técnicos.
Desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, DACO ha recibido 661 querellas contra compañías de placas solares, de las cuales 400 permanecen activas y solo 261 han sido adjudicadas. En 2025, se han registrado 218 nuevas querellas, con San Juan liderando las cifras con 72 casos, seguido por Caguas (53), Ponce (36), Arecibo (32) y Mayagüez (25).
La secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, destacó la preocupación por la alta incidencia de querellas en las regiones de Ponce, Arecibo y Mayagüez, particularmente entre adultos mayores de 60 años. “Hemos tomado acción inmediata gestionando esta alianza con IBTS para orientar a los ciudadanos, empoderarlos en sus decisiones y minimizar los riesgos al momento de adquirir un sistema solar”, afirmó.
Este Memorando de Entendimiento (MOU) responde a la iniciativa de la gobernadora Jenniffer González Colón de impulsar una política pública energética más justa y centrada en el consumidor. La alianza DACO–IBTS fortalecerá la implementación de la Orden Administrativa 2022-018 y promoverá herramientas claras para decisiones informadas.
El acuerdo no implica intercambio de fondos, pero sí compromisos de colaboración, capacitación y difusión de información técnica. IBTS desarrollará módulos de adiestramiento para el personal de DACO, instaladores e inspectores bajo el programa SHINE (Solar Homeowner Information, Needs & Education) y lanzará una campaña educativadirigida al consumidor.
El convenio tiene una vigencia inicial de tres años y se enmarca dentro de los objetivos de la Ley 17-2019, la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, con el fin de proteger a los consumidores y reducir vulnerabilidades ante prácticas engañosas en el mercado solar.
De otro lado, el director OGP, Orlando Rivera Berrios, participó en la reunión de trabajo con la gobernadora, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. En esta reunión se discutieron dos temas fundamentales para el desarrollo de nuestra isla como el presupuesto y las pensiones. También sostuvo una reunión con la JSF sobre la solicitud de distribución de los $35 millones que están bajo custodia de la JSF para el rescate financiero de los municipios con situación financiera comprometida.
El Gobierno de Puerto Rico ha presentado enmiendas propuestas a la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal corriente 2025. Los cambios propuestos buscan aumentar el presupuesto en $761,518,000, elevando el total de $13,062,302,000 a $13,828,820,000. Estos fondos provienen de ingresos recibidos, los cuales nos llevan a poder redistribuir a una mejor utilización y ser más eficientes. Los recursos identificados están destinados a abordar asuntos prioritarios de manera responsable, asegurando el pago de obligaciones y servicios esenciales a los ciudadanos de Puerto Rico.
Asignaciones claves:
- Autoridad de Edificios Públicos: $25 Millones para mejoras permanentes de las escuelas del Departamento de Educación, para atender con prontitud el “Back to School”.
- Negociado de la Policía y OGP: $25 Millones para el pago de horas extras de los policías.
- Asignaciones bajo la Custodia de la OGP: $679,184,000, incluyendo:
- $250,000,000 para la reserva de Medicaid.
- $200,000,000 para la reserva de un fondo de estabilización de fondos federales.
- $229,184,000 para la reserva del sector energético.
- Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda: $37,334 Millones, distribuidos en:
- Fideicomiso de Pensiones: $5,066 Millones
- Reposición del Fideicomiso de Pensiones: $22,820 Millones
- Fondos Adicionales para Municipios: $9,448 Millones
- Fondo de Redención Municipal: $2,348,000.
- Fondo de Desarrollo Municipal: $2,348,000.
- Fondo de Mejoras Municipales: $1,174,000.
- Fondo para el Recogido de Basura y Reciclaje, Ley 53-201: $3,578,000
"La instrucción de nuestra Gobernadora es clara y directa. Nuestro presupuesto debe ser dirigido en priorizar los servicios esenciales y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico a través de una gestión fiscal responsable", declaró el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Asimismo, Francisco Domenech, Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal el enmendar el plan fiscal del 2024, para aumentar los estimados de ingresos del Fondo General, según recaudos notificados por el Secretario de Hacienda el Lcdo. Angel Pantojas para el año fiscal corriente 2025. “Recordemos que los estimados de ingresos incluidos en el Plan Fiscal certificado por la Junta son los que nos permite poder destinar el utilizar los ingresos para destinarlos en eficiencia gubernamental”, indicó el Director Ejecutivo de la AAFAF.
De otro lado, la directora ejecutiva de de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto aclararon hoy que el Programa de Banda Ancha de Puerto Rico continúa en un proceso activo de evaluación a nivel federal, y reafirmaron el compromiso de la administración de la gobernadora con la defensa de los recursos asignados a la Isla.
En febrero de 2025, una nueva orden ejecutiva reestructuró el programa para corregir deficiencias administrativas heredadas, agilizar procesos y fortalecer la supervisión directa bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Con esta reforma, se eliminó el antiguo Consejo Asesor y se priorizó una administración ejecutiva enfocada en resultados tangibles y conectividad para los sectores más rezagados. PRFAA y OGP destacan que cada acción tomada busca garantizar el uso responsable de los recursos federales y traducirlos en beneficios concretos para la población. La administración continúa trabajando con determinación para cumplir con estos objetivos.
Por su parte, la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, instó a los patronos a cumplir con el Registro Estatal de Nuevos Empleados (RENE), un requisito legal clave para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fortalecer el sistema de sustento de menores en Puerto Rico. Con más de 500,000 patronos registrados y 24,577 órdenes de retención activas, la normativa exige que los patronos reporten nuevas contrataciones dentro de 20 días, bajo pena de multas de hasta $500 por incumplimiento. Este registro no solo facilita la ejecución efectiva de pensiones alimentarias, sino que también ayuda a localizar personas con obligaciones pendientes. Los documentos requeridos pueden enviarse por correo o en oficinas regionales, y la administradora enfatizó que más allá de la legalidad, este proceso refleja un compromiso social con el bienestar infantil.
Por otro lado, luego del anunció del pasado viernes hecho por la gobernadora y el secretario de Hacienda referente al beneficio para patronos de Puerto Rico afectados por los terremotos, la tormenta Isaías y las inundaciones de Arecibo en 2020. El secretario, Ángel Pantoja anunció hoy que la agencia ya ha recibido sobre 16 solicitudes para este incentivo que está destinado a aquellos que mantuvieron el pago de salarios a sus empleados pese a la interrupción de sus operaciones. Se estima que alrededor de 10,500 patronos podrían calificar si cumplen con los requisitos fiscales establecidos en la Carta Circular 25-14 y la Guía publicada por Hacienda. Cabe destacar que la cantidad del beneficio depende del ingreso neto del patrono, alcanzando hasta $1,920 por empleado para negocios con ingresos de $10 millones o menos. La solicitud debe hacerse exclusivamente a través de SURI antes del 1 de diciembre de 2025, y el pago se efectuará por depósito directo. Toda la información está disponible en la página web de Hacienda.
