Inyección de $40.2 millones para la reparación de carreteras afectadas por deslizamientos

La gobernadora Jenniffer González Colón informó ayer la transferencia de 40.2 millones de dólares al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para trabajos de reparación en carreteras afectadas por deslizamientos de terreno en distintas partes de la isla.

Según la gobernadora, los fondos estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2026 y serán utilizados para atender situaciones que representan riesgo a la seguridad y a la accesibilidad vial. Los trabajos se ejecutarán a través de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Una de nuestras primeras acciones como gobernadora fue la firma de la Orden Ejecutiva 2025-004, que declara un estado de emergencia ante la condición crítica de la infraestructura vial y los deslizamientos ocurridos en diversas carreteras. Esta transferencia representa un paso importante para poder garantizar la seguridad y la continuidad de los servicios esenciales en las vías públicas”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos, indicó que la coordinación entre las agencias continúa dirigida a asegurar recursos adicionales para completar proyectos de asfalto y rehabilitación de tramos críticos. “Continuamos trabajando en estrecha coordinación con las agencias concernientes para lograr la aprobación de recursos adicionales, para completar proyectos de asfalto y atender de manera eficiente los proyectos de rehabilitación de carreteras críticas alrededor de la isla”, sostuvo Rivera Berríos.

El secretario del DTOP, Edwin González, señaló que la asignación permitirá adelantar las labores relacionadas a deslizamientos que han impactado el tránsito en varios municipios. “Con esta nueva asignación continuaremos mejorando la calidad de vida de los conductores que transitan a diario por las carreteras afectadas”, expresó González.

Rivera Berríos añadió que la OGP tiene la encomienda de distribuir los recursos públicos conforme a las realidades sociales y fiscales de los municipios y del país. “En la OGP escuchamos y comprendemos las necesidades de la ciudadanía, asegurando que la planificación y distribución de los recursos públicos responda de manera justa y sensible a las realidades sociales, económicas y fiscales de Puerto Rico”, dijo.