Izquierdistas van al Supremo para paralizar obras en el Escambrón
El “colectivo” sostiene que la Oficina de Gerencia de Permisos aprobó la consulta de ubicación sin una Declaración de Impacto Ambiental
Foto: Suministrada
Un grupo que se hace llamar “Alianza Escambrón Unido” informó el miércoles que presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para detener un proyecto residencial y comercial en el área del Balneario del Escambrón, el Parque Sixto Escobar, el Parque del Tercer Milenio y las playas La 8, La 9 y La 10, tras la desestimación en el Tribunal de Apelaciones.
“Este plan incluye la construcción de nuevas estructuras en la zona de servidumbre marítimo terrestre, la reubicación del sistema de bombeo de aguas usadas del Viejo San Juan, un estacionamiento dentro del Parque Sixto Escobar y la alteración de la estructura del hotel. No se trata de evitar la restauración de este espacio histórico, sino de asegurar que se protejan los valores que lo distinguen y que pertenecen a todo Puerto Rico”, dijo Sonia Fritz, portavoz del grupo de izquierda, en declaraciones escritas.
La petición solicita que el Supremo revise la sentencia apelativa que desestimó el recurso de revisión administrativa. El “colectivo” sostiene que la Oficina de Gerencia de Permisos aprobó la consulta de ubicación sin una Declaración de Impacto Ambiental ni la celebración de vistas públicas, en violación de leyes y reglamentos.
En el escrito, argumentan que la actuación administrativa afecta intereses públicos, ambientales, recreativos, espirituales y estéticos protegidos por la Constitución de Puerto Rico. “Estos intereses son más que válidos y suficientes para demostrar nuestra legitimidad en este proceso. Nadie tiene un interés más genuino que quienes día a día disfrutan, utilizan y defienden este espacio natural”, señaló Lilia Tirado, otra portavoz del grupo.
Los izquierdistas plantean que el caso brinda al Tribunal Supremo la oportunidad de aclarar las normas de legitimación activa en procesos de ordenamiento territorial, para asegurar que la ciudadanía tenga voz real en decisiones sobre terrenos de alto valor ecológico, histórico y cultural.
“En una democracia, la participación ciudadana no puede ser un mero trámite ni un gesto simbólico. Es la base de la legitimidad y la justicia en las decisiones públicas. Confiamos en que el Tribunal Supremo atenderá nuestra petición y hará valer el derecho del pueblo a defender el espacio público y sus recursos naturales”, concluyó Gradissa Fernández, miembro del “colectivo”.
