Junta Fiscal levanta bandera sobre contrato de gas natural

Un contrato de aproximadamente $20 mil millones y con una vigencia de 15 años entre Genera PR, actuando como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la empresa NF Energía, LLC (NFE), ha generado un fuerte rechazo por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), quien mediante carta dirigida al Zar de Energía, Josué Colón, señaló riesgos económicos, posible monopolización del mercado y una ejecución contractual apresurada que comprometería el futuro energético de Puerto Rico.

El contrato, titulado “Natural Gas Sale and Purchase Agreement” (NGSPA), fue presentado a la JSF para evaluación el 26 de junio, apenas 24 horas antes de expirar el acuerdo vigente. La JSF cuestionó tanto el contenido como el proceso de adquisición, señalando que se trata del contrato más grande jamás sometido para evaluación, por su valor, impacto y compromiso de largo plazo.

Falta de competencia y exclusividad

Uno de los principales señalamientos es la falta de competencia real en el proceso de subasta. Aunque 13 compañías solicitaron los documentos del RFP, solo dos presentaron propuestas: NFE, con una oferta que cubre todas las plantas generatrices, y Crowley LNG, limitada a la planta de Mayagüez. Esto dejó a NFE como único proveedor posible para la mayor parte del sistema eléctrico, consolidando el control del gas natural en manos de una sola empresa.

Además, el contrato confiere a NFE derechos exclusivos de suministro de gas natural, no solo a las instalaciones actuales, sino también a futuras plantas generatrices, excepto Mayagüez. La situación se agrava, según el ente fiscal, por un acuerdo previo entre NFE y la Autoridad de los Puertos, firmado en 2018, que otorga a NFE derechos exclusivos sobre áreas estratégicas del Puerto de San Juan, dificultando aún más la entrada de otros competidores al mercado.

Riesgos financieros para la AEE y los consumidores

De acuerdo a la JSF, el proceso se basa en una estructura de “take or pay”, lo que significa que la AEE estaría obligada a pagar por grandes volúmenes de gas natural, aunque no los consuma. Esto, según la JSF, contraviene el Plan Fiscal certificado de la AEE, que proyecta una menor necesidad de gas debido a tendencias futuras de generación y posibles avances tecnológicos.

La JSF advirtió que este modelo podría generar gastos innecesarios que serían finalmente trasladados a los abonados mediante aumentos en la tarifa eléctrica. Además, la responsabilidad financiera está desequilibrada: mientras que la AEE debe pagar incluso si no recibe el gas por causas internas, la responsabilidad de NFE queda limitada a cubrir solo el 40% del costo del combustible sustituto si incumple.

Irregularidades en el proceso de contratación

La JSF también señaló serias irregularidades en el proceso de contratación, como la modificación de requisitos claves -entre ellos la reducción de la fianza de cumplimiento de $100 millones a solo $10 millones y la eliminación de la fianza de pago- sin una notificación pública adecuada. A pesar de que inicialmente se descalificó a NFE por no cumplir con la fianza requerida, esta decisión fue revertida bajo el pretexto de una “emergencia energética” declarada por la Gobernadora, Jenniffer González.

Según se desprende de la carta de 5 páginas, la evaluación final del comité de adjudicación determinó que la propuesta de NFE implicaba riesgos operacionales y financieros significativos, por lo que recomendó negociar bajo condiciones estrictas. Sin embargo, el otorgamiento del contrato continúa dependiendo de garantías adicionales que NFE aún debe presentar.

Llamado a reevaluar y garantizar transparencia

Ante este panorama, la JSF sugirió extender temporalmente el contrato actual para evitar interrupciones en el suministro, mientras se realiza un análisis más riguroso y transparente. La entidad advirtió que aprobar el contrato propuesto sin salvaguardas adecuadas pondría en peligro la estabilidad financiera de la AEE y comprometería los objetivos de sostenibilidad energética para la Isla.

“El contrato favorece desproporcionadamente al proveedor y expone a la AEE y a los consumidores a riesgos económicos injustificables”, concluyó la JSF, que se mostró dispuesta a reunirse con todas las partes involucradas para revisar el acuerdo con la rigurosidad que merece.