Justicia y procuradora de las Personas de Edad Avanzada acuerdan facilitar servicios a víctimas de fraude

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres y la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, firmaron el lunes un acuerdo que ampliará y agilizará los servicios dirigidos a la población de adultos mayores víctimas de delito.

“Como parte de ese acuerdo se le va a dar orientación para varias otras ayudas que ellos pueden solicitar, se le va a dar acompañamiento, se le va a dar orientación en cuanto a alimentación. Yo creo que la ayuda que va a recibir ese adulto mayor es caso a caso, dependiendo de las necesidades que presente”, dijo la secretaria de Justicia en conferencia de prensa.

Según Gómez Torres, en el 2025 se tiene constancia de 825 delitos. De estos 425 ocurrieron en Bayamón, Aguadilla, Ponce y San Juan. Con este acuerdo, se procura que los adultos mayores no tengan que visitar varias oficinas, sino que recibirán los servicios directamente en las fiscalías de esos 4 municipios.

La mayoría de los casos responden a explotación financiera. La oficina de la procuradora de las Personas de Edad Avanzada ha recibido, desde octubre 2024 hasta agosto de 2025 1,911 querellas que incluyen además de explotación financiera, maltrato y negligencia.

Por su parte, Varela Rosa destacó que, “con este acuerdo, llevamos nuestro conocimiento especializado y experiencia trabajando con adultos mayores directamente a las fiscalías para reforzar los servicios que ofrece el Departamento de Justicia y asegurar que cada adulto mayor víctima de delito reciba orientación, apoyo y protección sin dilaciones, y atendiendo sus necesidades particulares. Nuestro compromiso es sumar capacidades, agilizar la respuesta y estar presentes donde más se nos necesita”.

Habrá cuatro coordinadores de Programas para Envejecientes de la OPPEA en las fiscalías de los distritos de Bayamón, San Juan, Ponce y Aguadilla. Los coordinadores ofrecerán servicios dos días a la semana desde las propias sedes de las fiscalías. A su vez, las demás jurisdicciones podrán coordinar con los técnicos de servicios a víctimas adscritos a estas cuatro regiones, a fin de que ofrezcan estos servicios en otras fiscalías de forma ágil y eficiente.

Entre los servicios adicionales que brindará el personal de la OPPEA se incluyen orientación para el mejoramiento de la calidad de vida, información sobre recursos disponibles, referidos a servicios especializados y asistencia con servicios de nutrición en el hogar. Asimismo, colaborarán con los técnicos de servicios a víctimas del Departamento de Justicia en la orientación y acompañamiento en solicitudes de órdenes de protección y procesos civiles en los tribunales y/o lugares en que se requiera el apoyo.

Con este acuerdo, ambas agencias establecen mecanismos formales para compartir información, estadísticas, informes mensuales, documentación sobre los casos atendidos y adiestramientos conjuntos.

Los referidos para estos servicios serán canalizados por el Ministerio Público o por el personal de las Oficina de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Justicia.

El acuerdo no conlleva gastos adicionales para ninguna de las agencias.