Modernización del Aeropuerto de Aguadilla impulsará turismo, carga y expansión manufacturera en el oeste
De otra parte, el DDEC activa el Registro de Profesionales Certificados para agilizar solicitudes de incentivos contributivos y reducir semanas de trámite administrativo
Foto: Suministrada
El Gobierno de Puerto Rico anunció una inyección combinada de $146 millones en fondos federales y estatales para transformar la infraestructura del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, una de las instalaciones aéreas con mayor potencial de crecimiento en la isla. El proyecto busca fortalecer la actividad turística, de carga aérea y el desarrollo económico de la zona oeste.
Durante la sección de “En Récord”, el asesor legislativo de La Fortaleza, Jean Peña Payano, el director de Puertos y el director de la Oficina de Incentivos para Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Ernesto J. Zayas García, detallaron el alcance de este y otros proyectos estratégicos que se encuentran en curso. Informaron que la remodelación del aeropuerto de Aguadilla será clave para posicionar al oeste como un corredor de manufactura en expansión y un punto de entrada esencial para visitantes y operaciones aéreas.
Según adelantó Negrón, los próximos dos años estarán marcados por trabajos de rehabilitación en la terminal de pasajeros, la creación de una nueva sala de salidas en el segundo nivel con cuatro puertas de embarque y la construcción de un espacio operacional para el personal de Border Patrol en las llegadas internacionales. Además, se contempla una modernización integral de los sistemas de tecnología, electricidad, telecomunicaciones, agua, escaleras mecánicas y ascensores. La etapa de subasta para diseño y construcción ya comenzó.
Los funcionarios destacaron que estas mejoras forman parte de un esfuerzo amplio de la gobernadora Jenniffer González para reforzar la infraestructura crítica de Puerto Rico y consolidar la isla como un hub turístico, económico y logístico en el Caribe.
En paralelo, el DDEC anunció una reforma significativa en la administración de incentivos contributivos con la activación del Registro de Profesionales Certificados (RPC), una herramienta contemplada en la Ley 60-2019, pero que no se había implementado hasta ahora. Zayas García explicó que esta figura permitirá agilizar los procesos de solicitud de decretos contributivos mediante la emisión de certificaciones de preelegibilidad por parte de abogados, CPA y agrónomos licenciados, reduciendo hasta dos semanas de trámites administrativos.
El director de la Oficina de Incentivos resaltó que este nuevo modelo crea una estructura de corresponsabilidad entre el sector profesional y el gobierno, aumentando la certeza regulatoria y acelerando el servicio a la comunidad empresarial. En etapas posteriores, estos profesionales también podrán emitir certificaciones de cumplimiento y realizar auditorías, respondiendo siempre con su licencia.
El proceso de inscripción ya está disponible en el Portal de Incentivos del DDEC, donde los interesados podrán solicitar su acreditación conforme a los requisitos establecidos en la Carta Circular DDEC 2025-015. Entre ellos, se exige ser abogado admitido por el Tribunal Supremo, CPA licenciado o agrónomo certificado en los casos de incentivos agrícolas.
