Negociado de Energía presenta marco jurídico sobre participación municipal en proyectos de alumbrado público
La reunión con los alcaldes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes
Foto: Suministrada
El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público presentó los resultados del Estudio de Viabilidad Jurídica sobre la participación municipal en la reparación de luminarias y el estado del Programa de Alumbrado Público Comunitario, así como las acciones regulatorias recientemente aprobadas para agilizar su ejecución.
Durante la presentación, el presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz, explicó que el estudio evaluó la viabilidad jurídica y regulatoria de la participación de los municipios en los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de luminarias, a la luz de la Ley 57-2014, la Ley 17-2019, el Código Municipal (Ley 107-2020) y el marco contractual vigente del sistema eléctrico. El análisis concluyó que la participación municipal es legalmente viable, siempre que se implemente como una herramienta colaborativa bajo reglamentación uniforme del Negociado, con parámetros técnicos claros, coordinación con el operador del sistema y salvaguardas regulatorias específicas.
La reunión con los alcaldes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes liderada por el presidente del Cuerpo Legislativo, Johnny Méndez Núñez y el representante Víctor Parés Otero quienes trabajarán legislación para establecer mediante ley el marco jurídico.
“El Negociado de Energía reafirma su rol como regulador del sistema eléctrico, promoviendo una colaboración municipal ordenada y regulada para acelerar la ejecución y fortalecer la resiliencia del alumbrado público en Puerto Rico”, sostuvo Avilés Deliz.
Al 30 de septiembre de 2025, el programa de alumbrado público cuenta con 114 proyectos (PWs), con una asignación total que asciende a aproximadamente $1,676 millones en fondos federales.
Asimismo, el Negociado de Energía emitió tres resoluciones, mediante las cuales ordenó activar proyectos previamente excluidos del plan de ejecución y reasignar $527 millones en fondos federales disponibles para activar la Fase 1 de proyectos correspondientes a 35 municipios.
De igual forma, requirió información a LUMA Energy, sobre acuerdos suscritos con municipios relacionados con la instalación, reparación y mantenimiento de alumbrado público y la determinación de criterios técnicos aplicables.
Las determinaciones permitirán, incluir a los 35 municipios que no tenían fondos activos asignados, restituir proyectos previamente excluidos, aumentar la cantidad de municipios participantes del programa, acelerar el inicio de ejecución en municipios pendientes y maximizar el uso de fondos federales disponibles.
La eventual participación municipal se evaluará bajo una sola estructura regulatoria uniforme, con supervisión continua y mecanismos de control regulatorio. Se requirió a los alcaldes someter sus comentarios al NEPR en o antes del 6 de marzo para establecer el reglamento que contendrá las guías para el operador y los municipios.
