Orlando Rivera se declara culpable por construcción ilegal en reserva de Bahía de Jobos
Rivera Alejandro no solicitó ni recibió autorización para rellenar el área ni para construir dentro de Mar Negro, según los documentos judiciales
El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el jueves que Orlando Rivera Alejandro se declaró culpable por violar la Ley federal de Agua Limpia mediante construcción y relleno ilegal en una propiedad en Las Mareas, en Salinas.
De acuerdo con documentos judiciales, Rivera Alejandro colocó material de relleno en Mar Negro, dentro de aguas de Estados Unidos y de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.
Entre enero de 2020 y marzo de 2022, el acusado construyó varias estructuras sobre el área rellenada, entre ellas un gazebo y una rampa de concreto para botes.
Autoridades federales indicaron que también levantó un muelle y varios postes de tubo plástico rellenos de concreto dentro de Mar Negro, con descarga directa de concreto durante la construcción.
Rivera Alejandro no solicitó ni recibió autorización para rellenar el área ni para construir dentro de Mar Negro, según los documentos judiciales.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, aceptó pagar una multa de 50,000 dólares, remover todas las estructuras y alteraciones hechas a la propiedad, y participar en la remediación del daño ambiental.
Su sentencia fue señalada para el 1 de septiembre de 2026.
Designada en 1981, la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos protege humedales, permite estudiar impactos biológicos y sociales del hábitat estuarino, y ofrece oportunidades recreativas y educativas a comunidades cercanas.
En esa zona habitan el pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano, especies protegidas o en peligro.
El Departamento de Justicia federal informó que el caso forma parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico.
Agentes de la División de Investigaciones Criminales de la Agencia de Protección Ambiental federal y del Negociado Federal de Investigaciones investigaron el caso como parte del Grupo de Trabajo de Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.
El abogado litigante sénior Patrick Duggan, de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia federal, y el fiscal federal auxiliar Seth Erbe, del Distrito de Puerto Rico, tienen a cargo el procesamiento.
