Presentan querella ante Justicia contra el senador Eliezer Molina

La empresa Tropical Fruit, LLC presentó una querella ante el Departamento de Justicia solicitando el inicio de una investigación preliminar contra el senador Eliezer Molina Pérez al amparo de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley de la Fiscalía Especial Independiente (FEI). La querella fue dirigida a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y plantea la presunta comisión de delitos graves en el desempeño de funciones públicas.

En el documento, la representación legal de la empresa sostiene que, conforme al Artículo 4 de la Ley FEI, los miembros de la Asamblea Legislativa están sujetos a investigación preliminar por parte del Departamento de Justicia cuando existan alegaciones de conducta delictiva. Argumentan además que la jurisdicción penal bajo dicha ley es independiente y no está supeditada a determinaciones administrativas o disciplinarias de otros foros.

La querella surge luego de que el 17 de febrero de 2026 la Comisión de Ética del Senado notificara la desestimación de una querella relacionada al mismo asunto. No obstante, los abogados de Tropical Fruit sostienen que esa determinación administrativa no priva al Departamento de Justicia de su facultad para evaluar posibles violaciones penales. Según exponen, los procesos disciplinarios y los procesos criminales operan bajo estándares distintos y discurren de manera paralela e independiente.

En el resumen de hechos incluidos en la querella, la empresa alega que el senador Molina habría llevado a cabo una campaña sistemática de persecución selectiva contra Tropical Fruit, motivada por el origen nacional y la religión de sus propietarios. Entre las alegaciones se menciona la supuesta participación del legislador en la remoción de un portón privado en la propiedad de la empresa, la publicación de expresiones en redes sociales que la querella describe como antisemitas, la radicación de legislación que buscaba declarar la finca como “Reserva Natural” y expresiones públicas posteriores que incluirían imputaciones falsas contra la operación agrícola.

El documento presentado ante Justicia también plantea que la conducta imputada podría constituir violaciones a varias disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, incluyendo alteración a la paz, incitación a la violencia, justicia por sí mismo, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. Asimismo, se argumenta que la alegada conducta bajo color de autoridad podría activar la jurisdicción del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la solicitud formal, Tropical Fruit pide que el Departamento de Justicia acepte la querella jurada, inicie una investigación preliminar independiente, cite a declarar a los representantes de la empresa y, de encontrar causa suficiente, recomiende al Panel la designación de un Fiscal Especial Independiente. También solicita que se tomen medidas para garantizar la integridad del proceso investigativo.