Prohibirían que policía municipal intervenga con inmigrantes
Representante del PPD presenta medida para aclarar límites de colaboración entre policías municipales y las agencias federales
Compartir:
La representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas Laureano, radicó una medida legislativa para enmendar el Código Municipal con el objetivo de prohibir expresamente que la Policía Municipal establezca acuerdos de colaboración con el Gobierno Federal para ejecutar políticas migratorias en Puerto Rico.
El P de la C 723, que busca enmendar el Inciso (o) del Artículo 3.025 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley Núm. 107-2020), responde a una creciente preocupación en las comunidades inmigrantes, en especial la comunidad dominicana, ante la ola de operativos migratorios promovidos por el gobierno federal en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos.
Vargas Laureano, expresó que "los derechos humanos no son negociables ni dependen del estatus migratorio de nadie. Nuestra obligación como legisladores es garantizar que ninguna política, local o federal, se preste para violentarlos. Puerto Rico tiene que ser un espacio seguro para todas las personas, sin miedo ni persecución".
La pieza legislativa propone enmendar el lenguaje del Código Municipal para que se establezca sin ambigüedad que la colaboración entre policías municipales y agencias federales, no incluirá fines migratorios.
“Tengo un compromiso con la dignidad de los inmigrantes, especialmente nuestras hermanas y hermanos dominicanos, quienes son parte esencial de nuestra sociedad puertorriqueña. La disposición sobre acuerdos colaborativos con agencias federales existe desde hace décadas en la antigua Ley de Municipios Autónomos. Con esta enmienda al Código busco dejar claro por ley que ninguna colaboración incluirá fines migratorios. Se acabaron las interpretaciones ambiguas y la desinformación promovida en los últimos días”, añadió Vargas.
La representante enfatizó que los municipios no deben ser utilizados como instrumentos de persecución migratoria, y que esta legislación busca evitar cualquier interpretación errónea o uso indebido de las disposiciones actuales del Código Municipal.
Esta medida responde a un deber moral y político: “Los derechos humanos no se condicionan ni se negocian. Nuestra responsabilidad es legislar para protegerlos, sin importar de dónde venga la persona. En Puerto Rico no hay espacio para la persecución ni el miedo institucionalizado. Aquí defendemos la dignidad humana por encima de todo”.
