Radican medida para facilitar la reintegración social de personas que han cumplido su sentencia
La medida mantiene un balance con la seguridad pública al excluir de este beneficio aquellos delitos de mayor gravedad o de naturaleza violenta
Senador Juan Oscar Morales. Foto de archivo
El senador por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Juan Oscar Morales, radicó el Proyecto del Senado 1170, una medida dirigida a fortalecer el principio constitucional de rehabilitación y facilitar la reintegración efectiva a la sociedad de personas que han cumplido con su deuda con la sociedad.
La pieza legislativa propone la creación de la “Ley para la Reintegración y Rehabilitación del Confinado mediante la Eliminación de Antecedentes Penales”, estableciendo un término máximo de treinta días, a partir del cumplimiento total de la sentencia, para que se elimine automáticamente la información delictiva del certificado de antecedentes penales del ciudadano.
“El sistema penal de Puerto Rico reconoce la rehabilitación como un pilar fundamental. Sin embargo, en la práctica, muchas personas continúan enfrentando obstáculos significativos para rehacer sus vidas aun después de haber cumplido su sentencia. Con esta medida buscamos atender esa contradicción y promover oportunidades reales de reintegración”, expresó el senador Morales.
El legislador explicó que la permanencia de antecedentes penales en los certificados de buena conducta limita el acceso a empleo, vivienda, educación y otros servicios esenciales, lo que a su vez incide en la reincidencia y en la exclusión social. En ese sentido, el proyecto establece un mecanismo automático que elimina la necesidad de trámites adicionales, solicitudes o representación legal por parte del ciudadano.
No obstante, la medida mantiene un balance con la seguridad pública al excluir de este beneficio aquellos delitos de mayor gravedad o de naturaleza violenta, así como los delitos imprescriptibles y aquellos cometidos contra menores de edad.
“El objetivo es brindar una segunda oportunidad a quienes han demostrado rehabilitación, sin comprometer la seguridad de nuestras comunidades ni la protección de las víctimas. Esta es una política pública responsable, que armoniza justicia, humanidad y seguridad”, añadió Morales.
El Proyecto del Senado 1170 también asigna responsabilidades al Departamento de Corrección y Rehabilitación y al Departamento de Justicia para establecer los mecanismos tecnológicos y administrativos necesarios que garanticen la implementación eficiente de la medida.
