Regresa al Senado medida sobre terminación de embarazo

La Cámara de Representantes aprobó ayer con enmiendas, el Proyecto del Senado 297, que establece mediante ley el requisito de consentimiento informado de al menos uno de los padres o tutores legales en los casos de menores de 15 años que busquen realizarse un aborto.

La medida convertiría en ley lo establecido a través del Reglamento de Centros de Terminación de Embarazos del Departamento de Salud, que ya exige el consentimiento informado de alguno de los progenitores para que una menor de 15 años pueda practicarse un aborto.

El proyecto recibió el respaldo de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras que las delegaciones de minoría se opusieron con 13 votos en contra. La pieza legislativa regresará al Senado por las enmiendas en la Cámara.

“Es un proceso médico, invasivo, y todos sabemos que una menor de 15 años no tiene la capacidad para determinar en estas instancias… En cualquier procedimiento médico, en el dentista, se requiere de igual forma el consentimiento de uno de los padres con patria potestad”, expresó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, José “Che” Pérez Cordero, al presentar el informe positivo de la medida.

“Elevándolo a rango de ley, le damos mayor certeza, protegemos a las menores de estos procedimientos y atendemos cualquier caso que ocurra de agresión sexual, de violación o de incesto. Dentro de la discusión de las vistas, que fue amplia, nos percatamos que realmente esta medida es una justa”, añadió.

Entre las enmiendas al proyecto, se modificó la palabra “aborto” por “terminación de embarazo”. La legislación establece que ninguna clínica, centro, hospital o médico con licencia para practicar medicina en Puerto Rico podrá terminarle un embarazo a una menor de 15 años, salvo que se cumpla con unos requisitos por parte de alguno de los progenitores que ostente la patria potestad o la custodia legal.

La primera de estas condiciones obliga la presencia de uno de los padres al momento de llevarse a cabo la terminación de embarazo y la firma de un documento prestando su consentimiento informado. De igual forma, ordena que cada caso sea referido al Departamento de la Familia aun cuando exista el consentimiento informado de uno de los progenitores.

Según dispone la medida, la acción de obligar a una menor de 15 años a terminar su embarazo será considerada un delito con pena de reclusión de tres años y una multa de 25 mil dólares.

La medida afirma en su exposición de motivos que el Departamento de Justicia contabilizó 67 casos de menores de 15 años que se practicaron un aborto entre el 2018 al 2022. De esta cantidad, solo una clínica realizó tres referidos a las autoridades para investigación por sospecha de abuso sexual.

De otra parte, se juramentó a Roberto López Román como representante del Distrito 31 luego de prevalecer en la elección especial celebrada el pasado 28 de septiembre para ocupar la vacante de Vimarie Peña Dávila.

El nuevo legislador fue designado presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales.

“Esta juramentación es una nueva etapa en el servicio público. Representar a Caguas y Gurabo es un honor inmenso, pero también una gran responsabilidad”, expuso López Román, acompañado de familiares y allegados.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo martes, 14 de octubre, a la una de la tarde.