Representante del PNP cuestiona a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo

Los portavoces de los sindicatos argumentaron en la vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1115, que pretende eliminar la Ley 41-2021, conocida como la Ley de Salario Mínimo, que la falta de reuniones y quórum para cumplir con los requisitos es responsabilidad del Ejecutivo.

El representante López Román, autor de la medida, convocó a las asociaciones de trabajadores a una vista pública, luego de que un primer informe que recomendaba eliminar el estatuto fuera devuelto por el pleno a la comisión legislativa.

Según el representante, “la delegación de esta autoridad en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, creada bajo la Ley 47, no ha cumplido con los objetivos de agilidad y representatividad para los cuales fue concebida, operando de manera limitada con cinco de los siete miembros que exige la legislación”.

Además, señaló que la información proporcionada por el Departamento del Trabajo muestra que, a partir de 2024, la Comisión Evaluadora no celebró reuniones en un total de 12 meses, a pesar de que la Ley 47 exige que se efectúen encuentros de trabajo mensuales.

“Estamos hablando aquí del salario mínimo de la mayoría de las personas en Puerto Rico… y yo lo que no entiendo es, si esto es un asunto tan importante, por qué hubo meses donde no hubo comunicación entre ustedes”, preguntó el representante.

La contestación de algunos de los presentes fue que las reuniones suspendidas fueron resultado del calendario limitado de la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez, y los cambios que han surgido en la jefatura de la agencia desde 2024.

La profesora Vanessa Contreras, portavoz del Movimiento Sindical Solidario, mencionó que las vacantes en el organismo responden a la falta de nombramientos por parte del Ejecutivo de los miembros que representarán a los trabajadores y patronos.

“Incluso con una composición incompleta, la Comisión logró en el verano de 2024 un aumento a 10.50 dólares por hora, cumpliendo con su mandato de que nadie que trabaje a tiempo completo viva bajo el nivel de pobreza”, sostuvo.

A juicio de los sindicalistas, los datos del Departamento del Trabajo evidencian que el estatuto tuvo un efecto positivo en la economía y ha beneficiado a sobre 250,000 empleados.

El representante Héctor Ferrer Santiago, autor de la Ley 47, insistió en su rechazo a que se derogue el estatuto.

En la vista participaron los portavoces de la Unión General de Trabajadores, Movimiento Sindical Solidario, Junta de Salario Mínimo, UAW y la Central Puertorriqueña de Trabajadores.