Sector productivo se expresa ante el Senado sobre la Reforma Contributiva

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó ayer con las vistas públicas para evaluar el Proyecto del Senado 912, medida que forma parte de la segunda fase de la Reforma Contributiva impulsada por la Administración y que propone múltiples enmiendas al Código de Rentas Internas con el objetivo de reducir la carga contributiva de los contribuyentes.

“Esto no está escrito en piedra, vamos a evaluar todas las recomendaciones, vamos a escuchar todo lo que nos tengan que aportar… Quiero dejar claro que aquí no ha venido nadie que esté en contra de hacerle justicia a la clase trabajadora, todos han estado de acuerdo”, expresó la senadora Padilla Alvelo.

Durante la vista, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, representada por Omar Mues expresó su respaldo general al proyecto, al reconocer como positivo el alivio contributivo a individuos trabajadores y la reducción de tasas que aumentan el ingreso disponible y estimulan el consumo. No obstante, advirtió que el sistema contributivo vigente continúa siendo oneroso y poco competitivo, particularmente para el sector de la construcción, lo que desalienta la inversión y limita el desarrollo de proyectos de vivienda y obras de infraestructura.

“Entendemos que se debe lograr con urgencia una reducción importante en las tasas contributivas aplicables a los negocios o empresas, para aliviar la carga tributaria de las entidades que contribuyen diariamente al progreso de Puerto Rico mediante la generación de empleos y actividad económica. Aunque reconocemos que esto no es parte de esta segunda fase, hacemos un llamado a actuar con agilidad y considerar una tercera fase que incluya un alivio contributivo sustancial a los sectores productivos”, sentenció Mues.

Mues alertó que entre un 25 % y 30 % del costo final de una vivienda nueva responde a impuestos, arbitrios y cargos gubernamentales, tanto estatales como municipales, lo que encarece significativamente el acceso a vivienda formal. Señaló que los arbitrios de construcción, las contribuciones adelantadas y la falta de uniformidad municipal han provocado que numerosos proyectos sean inviables o financieramente poco atractivos, agravando la escasez de vivienda y el alza en los precios del mercado.

Asimismo, manifestó preocupaciones sobre disposiciones del proyecto que eliminan exenciones contributivas vinculadas a equipos de energía solar y a vehículos eléctricos o híbridos, al entender que estos cambios representan un retroceso en la política pública energética y encarecen alternativas esenciales ante la fragilidad del sistema eléctrico de la Isla. También objetó nuevas obligaciones informativas relacionadas con cargos bancarios y procesamiento de pagos, por considerar que aumentan los costos de hacer negocios en Puerto Rico.

Por su parte, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, representada por su vicepresidenta ejecutiva, la licenciada Karen Mojica Franceschi coincidió en que el esfuerzo legislativo debe analizarse como parte de un proceso integral de reforma contributiva y no de manera fragmentada. Respaldó la reducción de tasas contributivas para individuos, pero advirtió que el proyecto conlleva un costo fiscal estimado de alrededor de $500 millones, financiado en parte mediante la redistribución de cargas contributivas hacia un segmento reducido de contribuyentes que ya aporta una proporción significativa del recaudo total.

“El alivio contributivo a los individuos trabajadores les deja más dinero en sus bolsillos, lo que impacta positivamente la economía, ya que esos recursos se traducen en consumo, pago de deudas o ahorro”, sostuvo la vicepresidenta ejecutiva. No obstante, alertó que el financiamiento del proyecto “redistribuye la carga contributiva hacia renglones que aparentan ser los sectores productivos, lo que podría desacelerar el desarrollo económico de Puerto Rico”.

La licenciada Mojica Franceschi expresó oposición a la eliminación de la exención del IVU a equipos solares, baterías y vehículos eléctricos, al entender que la medida podría desacelerar inversiones, afectar la competitividad del sector productivo, aumentar los costos operacionales y debilitar la resiliencia energética. Reiteró además la necesidad de avanzar hacia un sistema contributivo más simplificado, centralizado y uniforme, especialmente en áreas como el IVU y la patente municipal, para reducir costos administrativos y brindar mayor certeza a los contribuyentes.

De igual forma, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la doctora Sonia Navarro expresó su respaldo al objetivo de reducir la carga contributiva a los individuos, al señalar que un mayor ingreso disponible para los consumidores tiene un impacto directo en la actividad económica del sector de alimentos y bebidas, altamente dependiente del consumo local.

No obstante, Navarro advirtió que los restaurantes continúan enfrentando altos costos operacionales asociados a contribuciones, patentes municipales, IVU, costos energéticos y cumplimiento regulatorio, por lo que reiteró la necesidad de que la reforma contributiva se evalúe de manera integral. Del modo que, exhortó que se consideren medidas adicionales de simplificación y uniformidad contributiva que reduzcan cargas administrativas y promuevan un ambiente de negocios más competitivo para los comercios locales.

Ante esto, la senadora Padilla Alvelo adelantó que vendrán otros esfuerzos legislativos para aliviar las contribuciones en otras áreas importantes de Puerto Rico. “Hay que recordar que estamos en la segunda fase de esta Reforma. Esto no quiere decir que esto se vaya a quedar aquí. Vienen otras fases que posiblemente en este momento no la estamos atendiendo y que aquí la razón de hacerle el Proyecto del Senado 912 es hacerle justicia contributiva a la clase media trabajadora”, indicó.

En esa misma línea, la senadora Nitza Moran Trinidad sostuvo que la evaluación del Proyecto del Senado 912 forma parte de un proceso legislativo continuo y estructurado, orientado a atender de manera escalonada los distintos componentes del sistema contributivo. “Estamos aquí en un proceso legislativo serio, de envergadura, de cambio contributivo y que estamos buscando hacer justicia, no solamente a los individuos en el término contributivo, sino quizás una próxima reforma contributiva que tenga que ver con las instituciones a nivel corporativo”, añadió.

Por otro lado, en representación de Puerto Rico Association of Realtors, Vanessa Rivera señaló que el mercado inmobiliario continúa enfrentando retos significativos relacionados con la asequibilidad de la vivienda, particularmente por el impacto acumulado de impuestos, arbitrios y costos regulatorios que inciden directamente en el precio final de las propiedades. Advirtió que estos factores limitan el acceso a vivienda, especialmente para compradores primerizos y familias trabajadoras.

Asimismo, enfatizó que cualquier reforma contributiva debe evaluarse considerando su efecto sobre la actividad del mercado inmobiliario, ya que la falta de inventario y el encarecimiento de las transacciones pueden desacelerar el sector. En ese sentido, exhortó a que los cambios al Código de Rentas Internas contribuyan a estimular las transacciones formales, promover estabilidad en el mercado y facilitar el acceso a vivienda como componente clave del desarrollo económico.

En un turno, el senador Ángel Toledo López, reiteró que uno de los principios centrales de la Reforma Contributiva es fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes como motor de la actividad económica. En ese sentido, expresó que el “compromiso es que la gente tenga dinero en su bolsillo. Mientras más dinero en el bolsillo, más pueden ir a consumir, comprar, y así se mueve la economía. Yo creo que es un principio básico de economía”.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la licenciada Margaret Ramírez Báez exhortó a que cualquier reforma se implemente con cautela fiscal, garantizando estabilidad en los recaudos y un marco contributivo competitivo que fomente la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico sostenido. “Aunque el P. del S. 912 representa un paso dirigido a aliviar la carga contributiva de individuos, no sustituye la imperativa necesidad de una revisión integral del sistema contributivo. Cualquier decisión sobre su financiamiento, alcance o expansión futura debe formar parte de una política tributaria consistente con los objetivos económicos y sociales de Puerto Rico”, concluyó.