Senado aprueba medida que valida licencia de conducir digital como identificación oficial
Esta medida impulsa la modernización del gobierno y promueve una gestión más ágil, segura y centrada en la tecnología, según establece el proyecto
Foto: Suministrada
Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 691, de la autoría de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, para enmendar la Ley 22-2000, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de reconocer oficialmente la licencia de conducir virtual como una identificación válida en gestiones del sector público y privado, equiparándola legalmente a la licencia física.
“La implementación de este tipo de verificación de identidad permite una identificación de manera rápida, segura y accesible, incluso sin conexión a internet. Esto reduce la dependencia del documento físico, agiliza procesos, disminuye costos administrativos y mejora la experiencia del ciudadano. Además, fortalece la ciberseguridad mediante autenticación biométrica y cumple con estándares federales como el Real ID. Esta medida impulsa la modernización del gobierno y promueve una gestión más ágil, segura y centrada en la tecnología. Legalizar el uso de la licencia virtual representa un paso hacia un gobierno más eficiente, seguro e innovador, centrado en el servicio al ciudadano”, cita la medida en su exposición de motivos.
El proyecto, evaluado por la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, establece que la licencia de conducir virtual podrá ser utilizada para validar permisos y trámites en agencias públicas, bancos, comercios y cualquier institución privada, excepto en aquellos casos en los que leyes o reglamentos federales requieren el uso de una identificación física específica.
También, recibió aval el Proyecto del Senado 219, de la senadora Nitza Moran Trinidad, para enmendar la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico” con el propósito de autorizar al Banco de Desarrollo Económico (BDE) a reestructurar la manera en que otorga ayudas económicas a entidades privadas y empresas comunitarias de reciclaje. Esto permitirá que los fondos provengan de programas con los que cuenta la institución financiera, ya sean estos subvencionados con fondos federales u otros que se encuentren disponibles al momento de solicitarse.
La legislación busca crear un fondo permanente que garantice el acceso a financiamiento para proyectos de reciclaje, fomentando la creación de empleos verdes y la protección ambiental. “El financiamiento de materiales, maquinaria y equipo para procesos de recogido, almacenaje y procesamiento es sumamente necesario en este tipo de industria, sobre todo cuando debemos considerar que el reciclaje es una medida clave en la práctica que prolonga la vida y utilidad de nuestros recursos naturales, además de que contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, reducir la contaminación, disminuir el calentamiento global y reducir la deforestación”.
También, fue aprobado el Proyecto del Senado 573, presentado por petición, a través del senador Juan Oscar Morales Rodríguez. La medida busca promulgar la “Ley para establecer el derecho a cambiadores adaptables para personas con impedimentos”. Se dispone que en baños y espacios públicos de gran afluencia deberán contar con cambiadores adaptables.
“Esta Asamblea Legislativa tiene el deber indelegable de proteger, defender y salvaguardar los derechos de las personas con impedimentos. La presente medida tiene la finalidad de adoptar política pública cuyo propósito primordial reside en asegurar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos con impedimentos. Con ésta ley, garantizamos una mejor calidad de vida a las personas con impedimentos. Realizar sus actividades cotidianas con mayor facilidad”, menciona la exposición de motivos.
A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 716 de la autoría de los senadores Jeison Rosa Ramos y Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. A los fines de enmendar enmendar el Artículo 6.14ª de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de aumentar de $100 a quinientos $500 la multa por violar dicho Artículo, que se refiere al manejo de vehículos al acercarse a vehículos de emergencia autorizados.
“Las penalidades aquí establecidas, buscan disuadir la conducta agresora que pueda repercutir el ignorar las señales de alarma ante el acercamiento inmediato de un vehículo de emergencia. Es un problema mayor, que incluso puede involucrar la vida de seres humanos. Hay que llevar el mensaje a los ciudadanos de que este tipo de conducta no será tolerada. Puerto Rico debe destacarse como una sociedad sensible y vanguardista, que respeta la ley y el orden”, menciona la pieza legislativa.
De igual forma, se le dio paso al Proyecto del Senado 298 de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. El proyecto propone crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico bajo la Comisión de Derechos Civiles. Disponer sus poderes y prerrogativas, proveer para su organización y crear el puesto de Director otorgándole funciones y deberes. La medida expone que se busca integrar recursos y esfuerzos entre agencias del gobierno, entidades federales, municipios y organizaciones sin fines de lucro, para garantizar una respuesta coherente y sostenida frente a la trata humana.
“Quiero agradecer a la Comisión de Innovación dirigida por el presidente de este Cuerpo, por emitir un informe positivo recomendando la aprobación, que busca crear en Puerto Rico el Observatorio de Trata Humana. Esta es una iniciativa legislativa que he impulsado con mucho ahínco desde el cuatrienio pasado y le agradezco a este Cuerpo que se esté atendiendo la misma durante el primer año de este cuatrienio. Sin duda alguna en Puerto Rico el problema de la trata humana es de magnitudes severas. Sin embargo, lamentablemente, también como se ha discutido con amplitud, los números oficiales, las estadísticas oficiales del Gobierno, no reflejan la realidad de lo que ocurre con este crimen horrendo”, dijo Rodríguez Veve.
A su vez, se aprobó el Proyecto del Senado 603 del senador del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández Ortiz. El proyecto enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de definir y regular en la Ley, todo asunto relacionado a los estacionamientos para personas con impedimentos. Igualmente, sobre la cantidad mínima de espacios que deberá garantizarse para esta población; así como para que las dependencias gubernamentales con jurisdicción adopten sus reglamentos y normas que se atemperan a la Ley.
La pieza legislativa dispone que a partir de 75 y hasta 100 espacios deberán reservar un mínimo de cuatro espacios para personas con impedimentos. Los estacionamientos con 100 espacios deberán reservar un mínimo de ocho espacios; por cada fracción adicional de 50 estacionamientos sobre los primeros 100 deberá reservar un espacio adicional. Además, por cada seis espacios reservados disponibles, deberá existir un estacionamiento adaptado para las “vanes” o vehículos que por su dimensión exigen un espacio más amplio donde los dispositivos de movilidad puedan manejarse con facilidad.
De igual manera, recibió aval el Proyecto del Senado 616 de la senadora del PPD, Ada Álvarez Conde, para enmendar la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, a los fines de priorizar la captación, preservación, distribución y uso eficiente del agua en el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico y en el Programa de Inversiones de Cuatro Años.
Aprobadas Resoluciones Conjuntas y de Investigación
Entre otras medidas aprobadas, está la Resolución Conjunta del Senado 65, de la senadora Brenda Pérez Soto, que designa la Carretera PR-683 en Arecibo como “Tte. II. Edwin Orlando Maldonado García”, en honor a su legado de servicio.
De igual forma, la Resolución Conjunta del Senado 30, de Álvarez Conde, que ordena a los Departamentos de la Familia, Salud y Justicia establecer un protocolo conjunto para atender casos de madres de 15 años o menos que acuden al Registro Demográfico. La medida busca identificar posibles casos de abuso, orientar a las jóvenes madres sobre los servicios disponibles y garantizar su bienestar y el de sus hijos, fortaleciendo la política pública de protección de menores. A su vez, la Resolución del Senado 270, de la senadora Román Rodríguez que promueve una investigación sobre el estado de reconstrucción del Embalse Guajataca.
