Senado aprueba medidas sobre justicia contributiva y penal en Puerto Rico

En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó dos medidas del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para eximir del pago de contribuciones sobre ingresos a los Agentes Especiales Fiscales y Agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda por concepto de horas extras trabajadas; y por otra parte enmienda al Código Penal de Puerto Rico para incluir el delito de daños en su modalidad menos grave como elemento del delito de escalamiento.

El Proyecto del Senado 685, presentado por petición, busca reconocer la naturaleza especializada y exigente de los agentes que combaten la evasión contributiva, el fraude y la corrupción fiscal. “Esta Asamblea Legislativa, en reconocimiento a la labor que realizan tanto los Agentes Especiales Fiscales como los Agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, entiende meritorio eximirlos del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras trabajadas”, menciona el proyecto. 

Por su parte, el Proyecto del Senado 690, corrige una laguna jurídica en el Artículo 194 del Código Penal, incorporando el delito de daños menos grave como uno de los elementos del escalamiento. Con esta enmienda, se asegura que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales a la magnitud de sus actos, reforzando la capacidad del Ministerio Público para procesar de manera efectiva los casos de este tipo. 

“La inclusión del delito de daños en su modalidad menos grave como uno de los elementos del delito de escalamiento subsana esta disparidad normativa al equiparar dos formas graves de atentado contra la propiedad. la penetración no autorizada en estructuras protegidas ya sea con intención de robar o de destruir, representa una amenaza real a la seguridad, integridad y tranquilidad de las personas y comunidades. Esta Ley fortalece el efecto disuasivo de la norma penal, cierra un vacío legal del que se pueden aprovechar potenciales ofensores y asegura que todas las formas de intrusión con propósito delictivo sean tratadas con igual rigor”, cita la pieza legislativa. 

También, sobre el Código Penal se le dio paso al Proyecto del Senado 676 del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago. La medida propone enmienda para establecer el periodo de prescripción de 10 años en delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero cuando la cuantía de tales actos ascienda a $500,000.00 ó más. Además, enmendar la “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”; y la “Ley Uniforme de Valores”, a los fines de establecer un período prescriptivo de diez 10 años en los delitos y penalidades tipificados en estas Leyes. 

“Las investigaciones y auditorías necesarias para descubrir y documentar estos delitos a menudo requieren períodos prolongados, que pueden extenderse por varios años. Esta realidad choca con el actual término prescriptivo de cinco años establecido en nuestro Código Penal para radicar una acción criminal en la mayoría de los delitos de fraude y apropiación ilegal”, expone la medida. 

De otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 166, de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni. Para enmendar la “Ley del Voluntariado de Puerto Rico” a los fines de aumentar a $6,000.00 anuales el tope máximo asignado. Esto a los voluntarios en concepto de dietas o viáticos para cubrir gastos razonables de alimentación, viaje u otros gastos incidentales ocurridos en el ejercicio de sus funciones o labores como voluntarios. Esto representa una aportación mensual de hasta $500 sin que se considere como un estipendio o remuneración. 

“Esta medida le permitirá dar continuidad a los servicios que prestan los voluntarios en las diferentes agencias gubernamentales. Por otro lado, le brinda una ayuda económica a miles de personas que pueden aportar sus conocimientos y experiencias en beneficio de toda la sociedad… Además, se requerirá la presentación de documentación rigurosa que respalde los gastos incurridos”, cita la medida.

Sobre el tema de seguridad en las playas, fue aprobado el Proyecto del Senado 661 de las senadoras Jiménez Santoni y Nitza Moran Trinidad. La medida propone reestructurar la composición y funciones de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas. La enmienda incluye la incorporación del Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias, el Principal Ejecutivo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), un representante del sector turístico privado y una persona de una organización ambiental sin fines de lucro.

Además, la pieza legislativa dispone que hoteles, paradores y plataformas de alquiler a corto plazo envíen alertas a sus huéspedes sobre el nivel de peligrosidad en las playas. “El alcance de esta medida le permitirá al Gobierno mantener educados a los bañistas sobre los momentos óptimos de disfrutar de nuestras playas y a su vez, permite prevenir accidentes por carencia de infomación. Dado que el turista en muchas ocasiones desconoce dónde podría localizar la información resulta menester establecer las formas y plataformas por las cuales recibirán la información. Se utilizará la aplicación móvil “Playa Segura PR/Safe Beach PR”, menciona el proyecto. 

Igualmente, se aprobó el Proyecto del Senado 246, de la senadora Migdalia Padilla Alvelo, para añadir una sección al “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”. La medida busca establecer un crédito reembolsable para los contribuyentes con dependientes que presentan diversidad funcional o condiciones de salud incapacitantes. 

El proyecto establece que las condiciones con diversidad funcional incluye: síndrome de Down, autismo, perlesia cerebral, sordera total y ceguera total o distrofía muscular. De igual modo, podrá reclamar el crédito todo individuo residente de Puerto Rico que tenga como dependiente a una persona que padezca una de las siguientes condiciones de salud incapacitantes: cáncer, obesidad mórbida, enfermedad de Alzheimer o demencia. El crédito permitirá a los padres o encargados reclamar hasta $300.00 por dependiente, sujeto a su nivel de ingresos. 

“Estas familias que ya asumen un compromiso extraordinario de cuidado, no cuentan con un alivio contributivo específico que reconozca y mitigue parte de ese esfuerzo que hacen. Este crédito no solo representa un alivio económico tangible, sino también un reconocimiento moral del valor de las familias, en este caso, cuidadores y cuidadoras”, dijo Padilla Alvelo. 

A su vez, fue avalado el Proyecto del Senado 642, de la autoría del senador del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago. La medida enmienda la “Ley de Contabilidad Pública de 1945”, con el objetivo de actualizar los requisitos educativos y de experiencia profesional para obtener la licencia de Contador Público Autorizado. La medida armoniza la legislación local con la Ley Modelo de Contabilidad Pública adoptada por el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA) y la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA).

En un turno, Dalmau Santiago dijo que “El proyecto viene a hacerle justicia a nuestros profesionales en el área de la contabilidad. En muchas jurisdicciones los requisitos para ejercer la práctica varían de acuerdo a la jurisdicción o de acuerdo a los estados. Profesionales de la contabilidad, entiéndase contadores públicos autorizados, tendrían una ventaja si esta medida se convierte en ley que le permite que haya equivalencia a sus licencias en otras jurisdicciones. Este mismo tipo de mecanismo ya fue legislado y aprobado en más de 22 estados en los Estados Unidos”. 

De igual manera, se le dio paso a la Resolución del Senado 228 de la senadora Roxanna Soto Aguilú, que ordena investigar el estado actual de los animales de servicio y apoyo emocional en Puerto Rico. Asimismo, la Resolución del Senado 319, de Ríos Santiago, para investigar sobre el efecto e impacto de la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites”. 

Por otra parte, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 1, para enmendar la “Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados”, fortaleciendo los mecanismos de recopilación y divulgación de datos por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor y PRITS. A su vez, se le dio paso a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 11, 27 y 30.

Senado continúa confirmando nombramientos del Ejecutivo

Por otra parte, fueron confirmados varios nombramientos del Ejecutivo. Estos recibieron informes positivos de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el líder senatorial, Rivera Schatz. El Alto Cuerpo confirmó a la licenciada Suzette M. Del Valle Lecároz como Comisionada de Seguros. De igual forma, avaló la designación del licenciado Daniel E. Iturregui Pérez como comisionado y presidente de la Comisión Apelativa del Servicio Público por un término de 10 años. 

A su vez, fue confirmada las licenciadas Loures E. López Lugo como Fiscal Auxiliar I, Josenid Orozco Velázquez como Fiscal Auxiliar II, Joan Marie Hernández Marrero como Fiscal Auxiliar II, Yusell Efrén Santiago Rodríguez como Fiscal Auxiliar II; y Alexandra Marie Aulet Morales como fiscal auxiliar III.

Además, Samuel Wiscovitch Corali como Procurador de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia. y el licenciado Gabriel A. Olivera Magraner como miembro de la junta de directores del Banco De Desarrollo Económico en calidad de representante del sector privado; y como miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento.