Senado aprueba medidas sobre retiro de alguaciles y simplificación de procesos jurídicos

Como parte de los trabajos de la sesión ordinaria, el Alto Cuerpo avaló medidas del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, como el Proyecto del Senado 1021, que reconoce a los alguaciles del Poder Judicial como servidores públicos de alto riesgo para fines de retiro, y el Proyecto del Senado 1025, dirigido a derogar disposiciones del Código Civil de Puerto Rico relacionadas con el Registro de Personas Jurídicas para simplificar procesos corporativos y administrativos.

Por una parte, el Proyecto del Senado 1021, presentado por petición a través del líder senatorial, propone enmendar la ley que creó el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno para incluir a los alguaciles adscritos al Poder Judicial dentro de la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”.  El proyecto permitiría que estos funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de cumplir cincuenta y cinco años de edad y treinta años de servicio. La propuesta equipara a los alguaciles judiciales con otros servidores públicos que desempeñan labores consideradas de alto riesgo. 

La pieza legislativa en su exposición de motivos cita que “esta enmienda no sólo atiende un asunto de justicia laboral y equidad, sino que además reconoce el sacrificio, compromiso y dedicación de un grupo de servidores públicos cuya labor es indispensable para la seguridad y el orden dentro de las instituciones judiciales. Los alguaciles no solo resguardan la integridad física de quienes acuden al tribunal, sino que también representan el brazo ejecutor de las decisiones judiciales”.

Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 1025, también de Rivera Schatz, que propone eliminar varios artículos del Código Civil de Puerto Rico relacionados con el Registro de Personas Jurídicas. El proyecto persigue eliminar el requisito de inscripción registral como condición previa para que distintas entidades adquieran personalidad jurídica.  

Además, menciona que la presente Ley garantiza que la derogación de las disposiciones del Código Civil relativas al Registro de Personas Jurídicas no afectará derechos adquiridos ni la validez de actos, certificaciones o relaciones jurídicas previamente constituidas. A tales fines, se dispone la transferencia automática, ministerial y sin costo alguno de todas las entidades inscritas al Registro de Corporaciones, asegurando la continuidad de su personalidad jurídica y efectos legales. 

A su vez, se le dio paso al Proyecto del Senado 913 (A-088), medida de administración presentada por la delegación novoprogresista del Alto Cuerpo. El proyecto busca añadir un nuevo artículo al Código Municipal de Puerto Rico para requerir la creación de un Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica en cada municipio. La iniciativa persigue uniformar la atención y apoyo a víctimas de violencia doméstica a nivel municipal.  

En un turno a favor se expresó el senador de minoría, José “Josian” Santiago Rivera. “La Comisión de Asuntos Municipales que trabajó la medida, propone atender un asunto que ya estaba establecido en la derogada Ley de Municipios Autónomos, restableciendo entonces una estructura municipal esencial para atender la violencia de género, mejorando el acceso inmediato a los servicios y la coordinación con el Estado. Además, permite institucionalizar una red uniforme de atención local que fortalezca la prevención, el acompañamiento y la respuesta interagencial en toda la Isla. Es un proyecto de administración, pero sin reparos, solicito el endoso y el voto a favor”. 

Asimismo, recibió aval el Proyecto del Senado 741 del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, que propone establecer la “Ley para la Protección del Consumidor de Kratom de Puerto Rico”. La medida persigue regular la preparación, distribución y venta de productos de kratom para garantizar que estos sean puros y libres de adulteraciones. Además, establece multas, penalidades y deberes específicos para entidades gubernamentales relacionadas con la fiscalización de este producto.  

“A diferencia de algunos estados donde se ha logrado cultivar el árbol, el kratom que llega al país es exclusivamente importado por distribuidores privados, algunos de los cuales presentan altos estándares de preparación y tratamiento de la hoja para su consumo, y otros no presentan información alguna sobre la preparación de la hoja, es por ello, que existe el riesgo en la población puertorriqueña de que la calidad del suplemento no sea el indicado para su consumo”, expone la pieza legislativa. 

También, se aprobó el Proyecto del Senado 719 del senador de mayoría Wilmer Reyes Berríos, para enmendar la “Ley de Gobierno Electrónico”. El proyecto busca requerir a las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a divulgar información detallada sobre proyectos de construcción cuyo costo exceda los cinco millones de dólares y cuya duración sea mayor de seis meses. Entre los requisitos, se incluye publicar en línea el progreso de la obra desde la subasta hasta su culminación.  

La propuesta dispone que las agencias mantengan una línea de tiempo digital accesible al público con información como el contratista adjudicado, el costo total del proyecto, fechas de inicio y culminación, cambios significativos en calendario o presupuesto y evidencia visual del avance de la obra. “La transparencia en la obra pública no puede seguir siendo opcional. El Proyecto del Senado 719 establece algo básico, pero necesario que el pueblo pueda ver en tiempo real cómo avanzan las construcciones financiadas con fondos públicos, cuánto cuestan, quién las ejecuta y por qué se atrasan cuando ocurren cambios”, dijo Reyes Berríos. 

Igualmente, se le dio paso al informe de conferencia sobre el Proyecto del Senado 856. La medida busca enmendar el Capítulo 44 del Código de Seguros, a los fines de atemperar sus disposiciones a las enmiendas introducidas por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés) a la ley modelo “Insurance Holding Company System Regulatory Act”. También, se aprobó el informe del Proyecto del Senado 859, para enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963. A los fines de proveer para que los adultos mayores víctimas de los delitos de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de la obligación alimentaria, abandono de personas de edad avanzada, y negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, puedan brindar su testimonio fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado. 

Además, el Alto Cuerpo avaló concurrir con las enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 209 de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad. La medida propone enmendar la “Ley para Establecer el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, el Programa de Desarrollo de la Juventud, y el Programa de Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio”, con el propósito de renombrar el “Programa de Desarrollo Laboral”, como “Conexión Laboral”; entre otras disposiciones. 

Aprobadas resoluciones de investigación

El Alto Cuerpo también aprobó varias resoluciones investigativas dirigidas a examinar asuntos relacionados con accesibilidad tecnológica, cannabis medicinal, fondos federales, procesos de licenciamiento profesional, oficinas de apoyo a pacientes y personas con impedimentos, así como la implantación de leyes ambientales y el futuro de las instalaciones de Roosevelt Roads en Ceiba.

Entre las iniciativas aprobadas, está la Resolución del Senado 324 de Ríos Santiago, para investigar la operación y desempeño de la Oficina del Procurador del Paciente y de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. La pesquisa se enfocará en el manejo y resultados de las querellas recibidas por ambas entidades. La investigación evaluará la efectividad de los procesos de atención, resolución y seguimiento de casos.

Igualmente, de Ríos Santiago fue aprobada la Resolución del Senado 487 para investigar la utilización y fiscalización de fondos federales asignados a Puerto Rico bajo los programas WIOA y TANF. La resolución persigue evaluar si los programas federales están logrando resultados efectivos en beneficio de la población puertorriqueña. También pretende identificar recomendaciones para mejorar el uso y supervisión de estos fondos.  

De igual forma, se le dio paso a la Resolución del Senado 489 de la vicepresidenta senatorial, Marissita Jiménez Santoni, para investigar la utilización y balance disponible de fondos asignados mediante la Resolución Conjunta 83-2020. La medida tiene el propósito de examinar específicamente los recursos asignados bajo la Sección 5, Inciso 2, Apartado K de dicha resolución conjunta. El objetivo es determinar cómo se utilizaron los fondos y cuál es el balance disponible actualmente.  

También, se aprobó la Resolución del Senado 169, de la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú, para investigar la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos. La investigación evaluará si las agencias gubernamentales están cumpliendo con los requisitos de accesibilidad digital establecidos en ley. 

A su vez, fue avalada la Resolución del Senado 448 de Moran Trinidad. La medida ordena investigar la implementación y cumplimiento de la ley que prohíbe el expendio y uso de plásticos de un solo uso en comercios de Puerto Rico. Se examinarán los resultados alcanzados desde la aprobación de la política pública.  

En iguales términos, se le dio paso a la Resolución del Senado 286 en su segundo informe, de la senadora Moran Trinidad y el senador Ríos Santiago. La resolución ordena una investigación sobre el estado actual de las instalaciones de la antigua Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba. El análisis se enfocará en evaluar la viabilidad de reutilizar dichas instalaciones para fines de seguridad nacional por parte del Ejército de Estados Unidos. 

Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 393 del senador de minoría, José Luis Dalmau Santiago. La resolución ordena investigar el examen práctico requerido para obtener la licencia de perito electricista en Puerto Rico. De esta forma, evaluará la administración del examen, el tiempo provisto y los lugares donde se ofrece, entre otras disposiciones.