Senado avala incentivos a empresas dedicadas al compostaje para atender problema de desperdicios sólidos

Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria,  el Alto Cuerpo avaló el Proyecto del Senado 800, de la autoría de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, que propone enmiendas al “Código de Incentivos de Puerto Rico” para impulsar el establecimiento y operación de empresas dedicadas al compostaje, como parte de una estrategia integral para atender el grave problema de la disposición de desperdicios sólidos y promover el desarrollo económico.

La medida sostiene que “como parte de un marco de acción dirigido a atender adecuadamente el grave problema que enfrentamos en torno a la disposición de desperdicios sólidos y las implicaciones sobre nuestra calidad de vida; la Asamblea Legislativa enmienda dicha Ley para incluir a la industria de compostaje como una de las que goza de la tasa fija reducida del cuatro por ciento en su contribución sobre ingresos”.  También, el proyecto detalla que como parte de las actividades de la agroindustria bajo la Sección 2081.01, para que pueda obtener el noventa por ciento de deducción.

En un turno, la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, se expresó a favor de la medida. “Tan importante es que los municipios emprendan en hacer corporaciones municipales con fines de lucro, como también es importante que los individuos o los partnerships, que vienen siendo las alianzas públicas y privadas, puedan hacer estos municipios para esto. Particularmente también porque el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, y también el Departamento de Desarrollo Rural de los Estados Unidos tiene propuestas de dinero para dar incentivos semilla para el desarrollo de este tipo de proyectos”.

A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 860 por petición, a través de la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde. La pieza legislativa busca crear el Banco de Uniformes Escolares de las escuelas públicas del Gobierno de Puerto Rico. Esto con el propósito de recolectar, clasificar y distribuir uniformes en buen estado, dirigido a promover la equidad educativa y aliviar la carga económica de las familias de escasos recursos. Además, fomentar la reutilización de textil y contribuir a la protección ambiental.

“Esta servidora tiene un compromiso con la educación, con la niñez y con el ambiente, pero reconozco que esto también son parte de nuestras funciones aquí cuando viene alguien con una idea para ayudar a Puerto Rico y le damos el espacio para que puedan también traer sus propuestas”, dijo Álvarez Conde.

Senado confirma nombramientos del Ejecutivo

Por otra parte, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, rindió informes positivos a cinco nombramientos del Ejecutivo. A su vez, estos fueron confirmados como parte de los trabajos de la Sesión.

El Alto Cuerpo dio paso a la licenciada Michelle Pérez Maldonado como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; el doctor Edward R. Moreno Alonso como Miembro y presidente de la Junta de Instituciones Postsecundarias; Eduardo M. Morales Monsanto como Comisionado de la Comisión de Practicaje, en calidad de representante del interés público; Eric Pérez Rovira como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO); y la licenciada Vanessa Santo Domingo como Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, para un término remanente que vence el 29 de abril de 2029.

Aprobadas medidas de la Cámara de Representantes

Además, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 1019, medida de administración. para enmendar la ‘Ley Orgánica del Departamento de Justicia’, y la ‘Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico’. A los fines de extender a 16 años el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad.

La pieza legislativa indica que esta Ley no acarrea un impacto presupuestario adicional inmediato, ya que no crea nuevos cargos ni altera las escalas salariales vigentes. Se limita a modificar la duración de los términos de nombramiento, asegurando así continuidad en el servicio sin requerir recursos adicionales.

“Con esta Ley, se garantiza la estabilidad, independencia y especialización de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, así como de los Registradores de la Propiedad, en reconocimiento a la naturaleza altamente sensible de los casos y determinaciones bajo su jurisdicción”, sostiene el proyecto. 

De igual manera, de administración el Proyecto de la Cámara 917 (A-080), para enmendar la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”. Esto con el propósito de eliminar el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales y crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector. Establecer un Mesa Interagencial para delinear estrategias interagenciales para el desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables bajo la jurisdicción de la ODSEC.

“Esta nueva estructura de la ODSEC responde a los cambios sociales actuales que requieren conocer de primera mano las necesidades de nuestra gente. Lamentablemente la estructura del Consejo Asesor no responde a estas necesidades por ser demasiado amplia con exceso de representación gubernamental la cual carece de un procedimiento claro para nombrar líderes comunitarios”, cita la medida.

De otro lado, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 142, para enmendar la “Ley de Gobierno Electrónico”. A los fines de consolidar dentro de dicha Ley, las disposiciones relativas a la aplicación de la política pública que establece que las agencias y corporaciones públicas que rinden servicios básicos a la ciudadanía, deben instituir programas de información y educación sobre los planes y proyectos de mejoras que lleven a cabo.

Igualmente, la Resolución Conjunta de la Cámara 47, en su segundo informe, para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica a gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de los embalses bajo su administración, con el propósito de restaurar su capacidad de almacenamiento de agua; para establecer las condiciones de dicho proceso.